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El Liceo de Costa Rica comenzó con las labores de limpieza en el terreno ubicado en Plaza González Víquez, donde anteriormente funcionaban los talleres del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hoy en estado de abandono.
Según señaló la institución educativa en sus redes sociales, dicha limpieza es la antesala a la demolición.
“Esta valiosa propiedad, en este momento, cuenta con la vigilancia de la Fuerza Pública. Es un terreno enorme y, según los planos oficiales, excede los metros cuadrados de una hectárea. Este será campo fértil de emocionantes proyectos para el beneficio de los estudiantes”, subrayó la institución.
No obstante, la propiedad estaba incluida dentro del complejo de Ciudad Gobierno, e incluso se había firmado un convenio entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) para cederla y así utilizarla en dicho proyecto.
Sin embargo, Francis Tejada, abogado y exalumno, asegura que el terreno fue otorgado por ley al Liceo de Costa Rica mediante la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974.
“El MEP quiere despojarnos de algo que nos pertenece legalmente. Esto es una expropiación ilegal, porque están quitando una propiedad que no es del Estado”, advirtió.
Según Tejada, la administración del liceo fue usurpada por una junta administrativa nombrada ilegalmente por el Concejo Municipal capitalino, en contravención a lo establecido por la Ley 2160.
Esta norma establece que las juntas deben ser electas por consenso dentro de cada centro educativo.
“Se nombraron juntas ilegales en colegios como el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Colegio México y el Castro Madriz”, denunció.
Tejada recordó que, cuando el MOPT utilizó esa cuadra, lo hizo pagando un canon de alquiler anual de ¢182 millones. Sin embargo, actualmente el Estado no paga nada.
El abogado afirmó que la única forma legal de revertir la titularidad del terreno sería mediante una nueva ley que derogue expresamente la Ley 5570, como lo establece el principio de paralelismo de formas.
Además, sostuvo que existe un recurso de amparo, interpuesto contra el MOPT, en el que se reconoce la nula propiedad del Estado sobre la finca. Ese documento habría sido fundamental para establecer que el Liceo tiene la propiedad absoluta del terreno.