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El Liceo de Costa Rica tendría que entregar de forma gratuita al Estado el terreno de 10.010 metros cuadrados (que le pertenece vía Ley n.º 5570), ubicado en Plaza Víquez, para el desarrollo del proyecto Ciudad Gobierno.
Así lo establece el texto sustitutivo del expediente 25.725, aprobado por mayoría en la Comisión de Gobierno y Administración.
El documento establece que el inmueble, actualmente inscrito a nombre de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, deberá traspasarse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sin recibir ningún pago a cambio.
Además, el texto señala que el traspaso será obligatorio y que no requerirá autorización, acuerdo de donación ni aceptación adicional de la Junta Administrativa. La Notaría del Estado se encargará de formalizar la escritura y el proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días naturales después de que la eventual ley entre en vigencia.
El terreno se encuentra en el distrito Catedral, en San José, y está delimitado por avenida 20, avenida 22, calle 9 y calle 7.
La iniciativa también establece que el Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades educativas y los servicios de apoyo del centro educativo, con atención a la seguridad y al interés superior de los estudiantes.
El terreno se utilizaría para desarrollar parte de Ciudad Gobierno, una iniciativa que busca concentrar oficinas de distintas instituciones públicas en un mismo complejo inmobiliario, en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
El texto sustitutivo autoriza al Ministerio de Hacienda a desarrollar el proyecto mediante un contrato de arrendamiento de bienes por construir con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El plazo inicial del contrato sería de hasta 30 años. Una vez vencido, Hacienda podría negociar la entrega de las obras al Estado o prorrogar el arrendamiento hasta completar un máximo de 50 años.
Otra posibilidad sería permitir que el BCIE alquile los espacios del complejo a terceros durante el tiempo restante del derecho de uso de los terrenos. En ese escenario, el banco tendría que reconocer un canon a la entidad pública propietaria del inmueble, después de descontar los gastos asociados.
La propuesta también contempla desafectar e incorporar al proyecto tramos de las calles 7 y 9, entre las avenidas 20 y 22. Antes de intervenir esas vías, la Comisión Coordinadora deberá contar con un estudio de impacto y mitigación vial, en coordinación con la Municipalidad de San José.

