Liberan a 121 deudores de pensión

En primera semana del nuevo Código Procesal de Familia

Un total de 121 personas que estaban detenidas por temas de pensión alimentaria fueron liberadas tras la entrada en vigor del Código Procesal de Familia.

Así lo reveló Natasha Quesada, directora de la Unidad de Pensiones Alimentarias del Ministerio de Justicia y Paz, durante la mesa redonda “Personas privadas de libertad por falta de cumplimiento del deber alimentario”, organizada por la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional (UNA).

Hasta la primera quincena de octubre, la población de apremiados corporales representó un total de 200 personas, lo que significa que las nuevas condiciones que establece la legislación han significado, de manera inicial, una salida importante de deudores alimentarios.

Quesada explicó que, en la actualidad, los juzgados que más refieren detenidos por deuda de pensión alimentaria son los de Cartago y Puntarenas, seguidos por los de Goicoechea y Heredia.

Por otra parte, la aplicación del artículo 284 de esta legislación, que permite que dicha población carcelaria pueda salir a trabajar y regresar a prisión, tendría un impacto económico importante para las autoridades de Justicia y Paz.

“El sistema penitenciario no tiene la capacidad, tanto de infraestructura, como de personal, para poder hacer frente a esta situación. No se puede lograr, porque en Costa Rica existe un único espacio que es en el Jorge Arturo Montero Castro, no hay espacios físicos en los demás centros penales”, subrayó Quesada.

La construcción de un dormitorio para apremiados corporales con un área de 300 metros cuadrados implicaría un costo de ¢690.000 por unidad, mientras que el costo por módulo podría alcanzar los ¢207 millones.

La directora de la Unidad de Pensiones reveló que el Estado ha tenido que desembolsar alrededor de ¢507 millones durante los últimos días por subsidio diario de alimentación de las personas que son detenidas por pensión alimentaria.

Los datos corresponden a cifras desde 2020 de los últimos cinco años y las cuales indican que el costo individual por cada apremiado corporal pasó de $70 en 2020 a $95 en 2024.

GRANDES LIMITACIONES

DIARIO EXTRA consultó al viceministro de Justicia y Paz, Juan Carlos Arias, quien se había desempañado como director de Adaptación Social, y aseguró que no cuentan con los recursos para implementar los cambios.

Arias fue enfático en señalar que resulta fundamental, cuando se va a crear legislación, que se tome en cuenta el criterio técnico, más si es una norma que va a afectar el funcionamiento de algún servicio.

“En relación con esta reforma, la expectativa que se creó es que, cuando entrara en vigor, el sistema penitenciario iba a tener una capacidad de cobertura nacional y múltiples espacios para recibir desde todas partes del país a personas que se acogieran a las nuevas modalidades de pago de la pensión alimentaria”, dijo Arias.

Una de las medidas que busca que los deudores alimentarios no vayan a la cárcel es el monitoreo electrónico, sin embargo, esta propuesta necesita gran cantidad de recursos por parte del Poder Judicial.

“La realidad es que, al momento de entrar en vigor esta ley, no nos cabe nadie más en las cárceles, tenemos limitaciones y estamos esperando en qué momento se interponen quejas, porque para el Poder Judicial todo esto es nuevo”, agregó Arias.