Más allá de las decisiones que tome el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa o el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) anunció que promoverán una consulta ante la Sala IV sobre la denominada Ley Jaguar.
La bancada naranja aseguró que realizar la consulta ante Sala Constitucional es blindar el proceso e ir a la segura.
Adicionalmente, estiman que previo a destinar ¢3.000 millones en la realización de la consulta popular debe haber suficientes garantías sobre el proceso de ley.
“Este es un acto de responsabilidad, de cuidado del tiempo y de los recursos de los contribuyentes. Lo responsable es consultarlo para ir a la segura. Hay que estar seguros de que los artículos del proyecto a consultar están bien elaborados y no se van a caer luego, pues, según la opinión de muchos expertos que hemos consultado, los artículos del proyecto tienen roces con la Constitución”, señaló el legislador Eliécer Feinzaig.
Y, a pesar de estar de acuerdo con los referéndums como mecanismo democrático, asegura que deben manejarse con prudencia y responsabilidad.
Para realizar una consulta ante Sala IV se deben tener, como mínimo, diez firmas.
Así las cosas, hay seis firmas fijas por parte del PLP y únicamente faltarían cuatro para que la propuesta del Ejecutivo se vaya a análisis de los magistrados.
No obstante, hay otras bancadas que tienen cuestionamientos sobre la Ley Jaguar. Una de ellas es la del Partido Liberación Nacional (PLN), la cual aseguró tener dudas sobre e incluso, Óscar Izquierdo, jefe de la fracción verdiblanca, indicó que el plan de Casa Presidencial podría tener roces de ley y podría “abrir peligrosos portillos para la corrupción”.
Del mismo modo, el Frente Amplio (FA) señala que la figura del referéndum es importante dentro de una democracia, pero debe usarse “con responsabilidad” y se deben analizar los proyectos de Casa Presidencial junto con realizarse una consulta ante la Sala Constitucional.
En caso de que la propuesta se vaya a Sala Constitucional, los magistrados tendrán un mes para determinar si la iniciativa del Gobierno tiene roces de ley y, en su defecto, podría llegar a las urnas.