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La sociedad costarricense hoy en día es víctima de la esclavitud financiera producto de leyes que han excluido a muchas personas del acceso al crédito en el sistema formal.
Este es el criterio de Javier Cascante, exsuperintendente general de Entidades Financieras (Sugef), quien participó en un foro organizado para hablar de una iniciativa que pretende regular los microcréditos.
“Es esclavitud financiera porque las personas terminan financiándose en condiciones muy miserables y hasta peligrosas para la sociedad”, indicó Cascante.
Adujo que no se puede dar el mismo tratamiento a los deudores de microcréditos, que a aquellos que obtienen un préstamo por medio del sistema bancario.
Lo anterior debido a que las necesidades de financiamiento son distintas. “El peor error es regular demasiado en estos temas. El microcrédito es un mundo diferente, cada persona tiene una necesidad distinta y en función de cada proyecto debería ir la tasa de interés. Entre más libertad tenga el proveedor del servicio de crédito es mejor”, externó.
Una recomendación es que haya mayor información entre los usuarios para que sepan elegir mejor las condiciones que ofrecen las distintas empresas en el mercado.
“La educación financiera les permite decidir y ponderar los costos”, dijo Cascante en relación con los potenciales deudores. A criterio del exregulador, no tiene sentido pedir una garantía para un microcrédito como se haría en la banca tradicional.
PRÉSTAMOS MENORES A ¢675.000
En el caso de los microcréditos, muchas veces se orientan a cubrir necesidad del momento, como una moto para prestar un servicio de repartidor de comidas, o una olla arrocera para poner una soda.
Cascante dijo que en mucho la responsabilidad debe recaer en quien ofrece el crédito, porque evidentemente no son bienes de difunto y estas empresas esperan recuperar el dinero.
La regulación de los microcréditos no vendría a modificar la recién aprobada Ley de Usura, lo que se pretende es dar capital de trabajo a los emprendedores y dar acceso a otras partes de la población.
La Asociación Costarricense de Empresas de Microcréditos (Asocomi) pretende que se dé un trato diferenciado para adultos mayores, mujeres y zonas rurales.
Se estima que unas 60 mil personas al año no podrían acceder a las soluciones crediticias de entidades de las empresas que ofrecen microcréditos, debido a la Ley de Usura. Se refieren a préstamos menores a ¢675.000.