El pasado 1ᵒ de mayo, los oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un sujeto de unos 21 años en el barrio Santa Rita de Poás de Aserrí por presuntamente haberle disparado en el pie a otro hombre tras una riña en plena vía pública.
Luego de esta situación, los oficiales procedieron a aprehender al individuo, quien intentó huir por encima de los techos de los vecinos. Tras detenerlo y consultarlo en la base de datos, los oficiales observaron que a pesar de la corta edad de esta persona ya había sido pasada varias veces a la Fiscalía por el delito de portación ilegal de armas.
PROYECTO DE LEY
En la Asamblea Legislativa, existe un proyecto de ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas.
Entre algunos de sus puntos, busca que el Estado pueda regular las armas de fuego con las que cuenta la sociedad e incentivar a los ciudadanos para que mantengan las armas registradas, seguras y resguardadas.
Otro de los aspectos que pretende la legislación es el castigo a todas aquellas personas que porten armas permitidas, pero de manera ilegal.
“Artículo 88-Tenencia y portación ilegal de armas permitidas
Se le impondrá pena de uno a tres años, a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley que no se encuentren inscritas en el Departamento.
Se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, a quien porte armas permitidas por esta ley y no cuente con el respectivo permiso. A quien porte armas permitidas por la presente ley con el permiso de armas vencido, se le impondrá sanción de 120 a 220 días multa y, habiendo contado con el respectivo permiso en el período anterior, no lo haya renovado dentro de los nueve meses posteriores al vencimiento, se le impondrá pena de uno a tres meses de prestación de trabajo de utilidad pública, en favor de establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo control de sus autoridades.
La pena se ampliará en una media cuando el hecho ilícito sea cometido por una estructura del crimen organizado o de asociación ilícita”, indica el proyecto de ley.
Mientras que para las personas que sean sorprendidas portando armas de fuego que no sean permitidas o sea de utilización policial se les impondrá una pena que va desde los cuatro hasta los seis años.
“Artículo 89-Tenencia de armas prohibidas
Se le impondrá prisión de cuatro a seis años, a quien posea armas prohibidas o reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de policía.
Conservará el carácter de arma prohibida, la que, en el momento de su fabricación, tenga las características descritas en el artículo 25 de esta ley, aunque las pierda al ser suprimido alguno de sus componentes o le modifiquen mecánicamente su funcionamiento.
La pena se ampliará en un medio cuando el hecho ilícito sea cometido por el crimen organizado o de asociación ilícita”, dice la legislación.
HACERLE PUNTA AL LÁPIZ
Para los expertos, esta ley permitiría que los criminales sorprendidos con armas de fuegos sean juzgados de manera más expedita y que no se les impongan únicamente medidas cautelares como la de no acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos, porque lo que harían es migrar la criminalidad.
DIARIO EXTRA conversó con Bryan Sandí, experto en seguridad, quien externó que este proyecto favorecería que los delincuentes tengan temor de usar las armas, sin embargo, se debería de hacer una diferenciación entre personas con antecedentes y las que tienen los permisos vencidos.
“Este proyecto de ley está varado en la Asamblea Legislativa por una razón, y es que aumenta la pena a las personas que portan armas ilegales o a personas que portan arma legal de manera ilegal, es decir que portan arma legal sin permiso.
El problema, y es por eso que está varado el proyecto, que también afecta al portador legal, porque se le venció un permiso o porque extravió el permiso de portación, entonces no hay una diferencia entre la persona delincuente y el ciudadano de bien que se arma para protegerse.
Si le hacemos punta al lápiz y el proyecto se enfoca en armas ilegales y de guerra y se enfoca en personas con antecedentes, ahí sí funcionaría, porque el delincuente le tiene miedo al aumento de la pena”, explicó Sandí.
El experto también hizo referencia a que, si se aprueba este proyecto de la manera correcta, se evitaría que la delincuencia ande migrando, ya que en ocasiones se pone como medida cautelar que las personas no se acerquen al lugar donde ocurrieron los hechos criminales.
“Con esta ley, evidentemente no se va a evitar que se cometan estos ilícitos, sin embargo, sí podría disminuir estas acciones”, acotó.
PROYECTO EN VANO
Por otro lado, la criminóloga Laureen Gordon recalcó que este proyecto es en vano, pues los criminales nunca van a respetar y más bien se deberían tomar otras medidas.
“Para empezar, la población que se dedica a la delincuencia organizada y a estos grupos criminales no les importa la cantidad de proyectos de ley que haya, nunca van a respetar, porque no les importa estar en la ilegalidad y eso es muy claro, puesto que se dedican a actividades completamente ilícitas. El proyecto de ley tenía funcionalidad en caso de que aquellos que tienen el poder de tomar la última decisión apliquen esa información que está en ese proyecto”, aseveró Gordon.
La experta agregó que en Costa Rica la utilización de armas ilícitas si no se tiene antecedentes judiciales no se castiga.
“En Costa Rica, la utilización de armas ilícitas si usted no tiene antecedentes judiciales y policiales de peso, no sería una razón o causa para que una persona permanezca en prisión preventiva o con algún tipo de medida cautelar, y es ahí donde podríamos considerar si la legalidad va a ser funcional o no”, finalizó Gordon.
Cabe recordar cómo a finales de 2023 dos sujetos amenazaron a dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con armas de grueso calibre en Linda Vista, debido a que en apariencia los oficiales fueron confundidos con miembros de una banda rival.
Tras un operativo ejecutado por los policías judiciales, dieron con la detención de estas dos personas, sin embargo, el Tribunal Penal de La Unión les interpuso como medida cautelar salir de la localidad. Tiempo después, uno de ellos fue detenido incumpliendo esta medida, por lo que lo pusieron en prisión preventiva.