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Los privados de libertad están cada vez más cerca de trabajar en labores de construcción, manufactura, producción agroindustrial y en manejo de personal.
Esto luego de que, de forma unánime, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó un proyecto de ley para que desarrollen o participen a lo interno de los centros penitenciarios en este tipo de actividades.
Dicho trabajo podrá ser incluido como parte de la pena impuesta por el juez.
La iniciativa, presentada por Yonder Salas, de Nueva República, crea además un Departamento de Construcción, Manufactura y Producción Agroindustrial, el cual deberá elaborar, organizar, dirigir y administrar los proyectos dentro de los Centros de Adaptación.
Todos los productos o excedentes que generen los privados de libertad podrán ser vendidos a dependencias del Estado, instituciones autónomas o al sector privado. Igualmente, los insumos, equipos e indumentaria producidos en los Centros de Adaptación Social serían donados para las fuerzas encargadas de la seguridad pública del país, así como para el personal de salud pública.
“Para nosotros, el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Si un ciudadano común no sale todos los días a buscar trabajo, no puede llevar comida a su casa. ¿Qué privilegio tienen los privados de libertad que pasan todo el día jugando naipes o, en el peor de los casos, haciendo llamadas para estafar o en riñas?”, señaló Fabricio Alvarado.
Criterio similar tuvo la liberacionista Dinorah Barquero.
“Antes se hacían botas, ropa, ganchos y ahora, lo único que queda es la construcción de pupitres”, señaló.
A pesar de votarlo a favor, la independiente Gloria Navas dijo tener preguntas sobre cómo aplicaría la ejecución de “doble pena”, es decir, la sentencia por el delito más la obligatoriedad del trabajo en la cárcel.