La Ley Marco de Empleo Público que entró en vigencia el 10 de marzo del año pasado no se aplica de forma correcta aún, lo que provoca inconsistencias en la ejecución presupuestaria del Estado, de acuerdo con el análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el ente contralor, ello se debe a que los movimientos de personal por motivo de ascensos o cambios de puestos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva legislación fueron reconocidos con escala salarial compuesta, a pesar de que debían estar en el régimen de salario global.
Ya que los sistemas Integra I y II del Ministerio de Hacienda no han sido ajustados, debiendo hacerse de acuerdo con la disposición del transitorio II de la ley, que daba ocho meses de límite; es decir, debía estar listo para el 10 noviembre del año pasado.
En el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), ocasionó que no se reconocieron ascensos para 158 funcionarios que fueron nombrados en puestos superiores durante 2023.
La CGR señala que uno de los principales problemas es la falta de definición de escalas salariales por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y la Dirección General del Servicio Civil.
De esa forma, no se estableció el salario global de las clases de puesto de los cuerpos policiales, auditores y subauditores ni los recargos de funciones y ampliaciones de jornada de quienes quedaron con salario global en el MEP. “También se encuentra pendiente la escala para funcionarios del Registro Nacional bajo el Régimen Especial de Informática y Propiedad Intelectual y los puestos del Tribunal Registral Administrativo debido a que están homologados a los salarios del Poder Judicial, aplicando, a la fecha de cierre, la escala transitoria”, dice el informe.
PROBLEMAS CON GASTOS
Según señala la Contraloría, ello genera una serie de problemas con el registro en los gastos vinculados a remuneraciones de esos puestos “debido a la ausencia en la definición de dichas escalas”.
Esto afectó también al Poder Judicial, cuya columna de salario global definitiva no había sido aprobada para la fecha dispuesta por el transitorio II de la ley, lo que incide en los ajustes al sistema de información de la entidad.
Por ejemplo, provocó que se encuentre pendiente por parte de las diferentes instituciones estatales la revisión pago de anuales, con el objetivo de determinar si existen funcionarios que sobrepasaron el salario global definitivo y así realizar el cobro.
El año pasado la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera solicitó a las oficinas de recursos humanos de las diferentes instituciones que trabajan con los sistemas Integra I y II la revisión del pago de las anualidades a partir del 10 de marzo 2023 y previo a la publicación de los salarios globales definitivos.
Asimismo, el informe apunta que la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai), del Ministerio de Salud continuaron pagando la anualidad del periodo 2022-2023 a todos los funcionarios con el esquema de salario compuesto que cumplieron su anualidad en el periodo del 9 de setiembre al 31 de diciembre de 2023.
SUBREGISTRO DEL DÉFICIT
El informe de la CGR apunta también el déficit financiero del Estado costarricense de 2023 que fue subestimado por el Poder Ejecutivo en al menos un 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto se debe, entre otras cosas, a una serie de subregistros en la presentación de los gastos por parte del Gobierno.
Según señala la Contraloría en el informe de ejecución presupuestaria del ingreso y gasto del ejercicio económico 2023, el Estado erogó ¢11 billones el año pasado.
Sin embargo, “se determinaron situaciones que afectan significativamente la razonabilidad de la liquidación del presupuesto e incide en el incremento del cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 1,0% del PIB”, agrega el informe de la CGR.
El ente contralor subraya que la liquidación del presupuesto no incorpora egresos por un monto superior ¢490.000 millones.