La Ley Jaguar impulsada por Casa Presidencial para avanzar con un referéndum sería inconstitucional, así lo planteó Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista.
El experto aseguró que la propuesta pretende eliminar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
No obstante, si se hace de esa manera, habría un roce de ley con el artículo 46 de la Constitución Política, el cual prohíbe la formación de monopolios.
“(…). Hay una prohibición para Japdeva en establecer alianzas monopolísticas con empresas privadas. Lamentablemente, el proyecto de referéndum elimina esa prohibición, lo cual iría contra la normativa constitucional. Indudablemente, para que el proyecto no sea detenido es indispensable no eliminar la prohibición que ya existe en la ley de Japdeva”, mencionó el abogado.
SIN CAPACIDAD
La denominada Ley Jaguar, además de ser inconstitucional, genera dudas por la forma.
José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), señaló que la estrategia del Gobierno de tener un plan b demuestra que el Poder Ejecutivo tiene claro que no tiene la capacidad de 29 en el Congreso.
“(…). Muchos de los temas que el Ejecutivo dijo que llegarían en el referéndum, ejemplo de ello son las jornadas 4-3 y la apertura del mercado eléctrico. Se quiere quitar la capacidad de control de la Contraloría General de la República y dejar a posteriori su trabajo.
(Con la propuesta) la CGR no podría fiscalizar lo que está haciendo la administración pública, sino solamente revisar si se hacen actos irregulares (…). Si algo llega a tener problemas en proyectos, licitaciones, inconsistencias, no se podría revisar”, explicó.
El experto añadió sobre las intenciones del Ejecutivo la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
“Se haría una modificación para permitir la construcción de Ciudad Gobierno en un terreno estatal, pero sería el mismo Estado el que se lo alquilaría a un ente privado. En cuanto a Japdeva, no se quiere pasar por los canales usuales de fiscalización de obras pública. Busca una alianza público-privada distinta que permita designar quién va a construirlo sin necesidad de concurso público. Habría que revisar si eso no genera un problema de conexidad y consistencia (…)”, añadió.
Díaz dijo que será esencial la valoración que hagan los magistrados de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ver si se acepta la propuesta de Zapote.