Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa acordaron posponer, este jueves, la discusión del fallo completo de la Sala IV sobre la Ley Jaguar 1.0.
Se trata de la sentencia 2024-21375, en respuesta a la consulta facultativa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El documento fue remitido al Congreso, el pasado lunes.
En la sesión de este jueves, los diputados pospusieron la discusión para conocer a profundidad el fallo a lo interno de cada fracción legislativa.
“Nuestra fracción aún lo está valorando. Haciendo una comparación de lo que está en la nueva propuesta, que es casi idéntica”, señaló la subjefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios.
“El acuerdo debería ser darle tiempo a las fracciones legislativas para la revisión del voto en su totalidad”, sugirió el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega.
En la misma línea, la jefa de fracción de la Unidad Socialcristiana (PUSC), María Martha Carballo, argumentó que requieren de más tiempo para conocer sobre el fallo.
“Son 162 páginas, para que la ciudadanía entienda de lo que estamos hablando. Vamos como por la 33, en lo personal. Y si queremos entender, como son temas legales”, declaró el jefe de bancada del Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas.
“La otra preocupación que hay es que es como una copia reducida del Jaguar 1. Entonces, queremos ver un poco a dónde va el Jaguar 2”, añadió Vargas.
“Entonces, posponemos este tema”, indicó la presidenta interina del Congreso, Rosalía Brown.
Los diputados esperaban esta resolución completa para definir el paso a seguir con la segunda versión de la Ley Jaguar.
La Ley Jaguar 1.0 fue declarada inconstitucional, el 29 de julio, tras un fallo parcial de la Sala. En concreto, el órgano constitucional declaró con roces a la Constitución los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto del Ejecutivo.
Un día después, el Gobierno presentó un nuevo documento, conocido como Jaguar 2.0, que incluye las observaciones de la Sala sobre la primera versión.
Ante la segunda versión, diputados del PLP con firmas de algunas diputaciones liberacionistas presentaron una nueva consulta facultativa a la Sala. Los magistrados aún no se refieren a este recurso.
¿Qué dice la Sala?
Esto resolvió la Sala IV a la iniciativa del Ejecutivo:
“El resguardo de las competencias asignada por el Constituyente a la CGR le impide al legislador ordinario rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas, atribuírselas a otros o modificarlas de forma contraria al Derecho, por lo que la Sala verifica que las normas consultadas, artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto Ley Jaguar, implica un resquebrajo claro y directo a todo el esquema constitucional de la CGR”, detalló la sentencia 2024-21375 del órgano constitucional.
“Indicado y al resguardo de sus competencias, en claro retroceso y regresión de nuestra institucionalidad de control y vigilancia de la Hacienda Pública”, siguió la resolución.
La Ley Jaguar, presentada por el Ejecutivo, busca modificar la ley interna de la Contraloría General de la República (CGR); la Ley General de Contratación Pública, para construir Ciudad Gobierno; así como la ley de Japdeva, para diseñar la nueva Marina de Limón.