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Las dudas por la aplicación de la Ley de Usura no afectarán la entrega de excedentes en las asociaciones solidaristas. Así lo manifestó Rafael Vanegas, vicepresidente del Movimiento Solidarista Costarricense.
En 2020 se distribuyeron ¢70.000 millones entre los afiliados a las asociaciones. Cayeron un 30%, pero el comportamiento está relacionado con el tema de la pandemia.
Vanegas manifestó que hasta la fecha no han recibido ninguna comunicación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y tienen una situación distinta a la de las cooperativas.
“Nosotros como asociaciones no tenemos ninguna indicación de no hacer la distribución, en el tanto se haya cumplido el proceso de la asamblea y el tema del vencimiento de las juntas directivas”, indicó.
Si bien la mayoría ya entregó excedentes, todavía quedarían algunos pendientes para este mes.
El vicepresidente del Movimiento Solidarista Costarricense explicó que se diferencian de las cooperativas en que las asociaciones solidaritas prestan en relación con el ahorro del afiliado y esto les permite tener un margen de reserva ante cualquier incidente.
“Tenemos esquemas de financiamiento diferentes, aunque también operamos con deducciones de planilla al sector público. Por ejemplo, si usted pide ¢3 millones de préstamo, se le puede prestar hasta el monto que tiene ahorrado”, comentó.
Para 2019 se estimaba que había unas 1.600 asociaciones solidaristas y para el cierre del año anterior se calculaban unas 1.400. La disminución responde al cierre de empresas como producto de la pandemia.
En cuanto a las cooperativas, la Sugef llamó a mantener una política conservadora porque la Tesorería Nacional no está efectuando las deducciones salariales en los términos que se establece en la Ley de Usura.
Las deducciones vía planilla a funcionarios públicos con salarios menores a ¢199.000 no se está aplicando porque no se puede afectar el mínimo embargable establecido por el Código de Trabajo.
Esta decisión se mantendrá hasta que la Sala Constitucional resuelva una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Afecta solo a ciertas organizaciones, en su mayoría cooperativas de ahorro y crédito.