Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Los diputados de la Comisión de Hacendarios solicitaron en setiembre del año anterior a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio sobre la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal
Luego de someter a consulta el proyecto y conocer el fondo, la Procuraduría emitió su criterio y señaló algunos aspectos que al parecer no son bien aplicados.
En el artículo 5, el cual establecería una obligación de todo establecimiento abierto al público de aceptar como medio de pago las tarjetas de débito y crédito, así como cualquier otro mecanismo electrónico -donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor-, es considerada por este organismo de la siguiente manera:
“El artículo 5 en comentario implicaría una limitación de la libertad de comercio, pues impondría, necesariamente, una obligación a los establecimientos abiertos al público a contratar con las entidades financieras la respectiva afiliación para utilizar los dispositivos de medio de pago electrónicos, lo cual normalmente exige abrir una cuenta bancaria con la misma entidad financiera”.
DIPUTADOS
DEBEN ANALIZAR
La Procuraduría indica en el documento que la finalidad de ese artículo se relaciona con la bancarización, es decir, el objetivo de la norma sería que todas las personas y empresas que realizan operaciones económicas con el público, las canalicen a través de entidades del sistema financiero, utilizando los medios de pago del sistema, para luchar contra la evasión tributaria.
Los profesionales que evaluaron el proyecto de ley manifestaron: “En este sentido, conviene advertir que, en tesis de principio, el hecho de que la ley llegue a imponer una obligación de abrir una cuenta bancaria o realizar un contrato bancario particular, constituye una limitación del principio de autonomía de la voluntad y la libertad contractual”. Los expertos de ese organismo dejan a criterio de los diputados de la Comisión de Hacendarios la valoración razonable y proporcional del artículo 5 y quedará en sus manos disponer si esta obligación que recae sobre todos los que realicen cualquier tipo de comercio, constituye una medida idónea, ponderada y necesaria para atacar el fraude fiscal.