Si se aprueba tal y como está redactada hasta ahora la propuesta de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, beneficiaría solo a las grandes industrias y encarecería la tarifa eléctrica para las familias.
Así lo asegura la Cámara de Empresas de Distribución Eléctrica (Cedet), pues señala que el texto que se analiza en la Asamblea Legislativa requiere “importantes correcciones”, ya que tendría un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, así como para los usuarios residenciales.
“Lo que hemos insistido es que no puede haber subsidios de ninguna índole que vayan a cargar costos a otros grupos, como a las residencias. Dependiendo de lo que se apruebe, podría generar situaciones particulares a las mismas distribuidoras, que ponen en riego sus inversiones actuales. Estos temas quedan muy a la subjetividad si se aprueba la ley tal y como está ahora”, advirtió Erick Rojas, vicepresidente de la Cedet.
Según dicen en la Cámara, el proyecto de ley plantea también que algunas grandes empresas tengan acceso a comprar energía al mercado mayorista de generación directamente.
Ello haría que compañías estatales como al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) se les dificulte comprar energía a menor costo en épocas de pocas lluvias, como la que se vive ahora.
CRITERIOS DE PROCURADURÍA
En la Cedet mencionan los criterios emitidos por parte de la Procuraduría General de la República, tras consulta realizada por la Asamblea Legislativa.
Dicho pronunciamiento señala que uno de los principales puntos a tomar en cuenta de la iniciativa en cuestión, tal y como está planteada en la actualidad, es la posibilidad que tendrían las empresas privadas generadoras de energía de exportarla a los países vecinos a través de conexión con el Mercado Eléctrico Regional (MER).
“Lo primero que debe apuntarse es que, como resulta evidente, los cambios normativos propuestos aparejan un cambio sustancial en el actual modelo de mercado de la energía eléctrica, tanto a nivel nacional como regional, lo cual, desde luego, implica una decisión de carácter político, ideológico y también permeada de razones socioeconómicas, que la coloca estrictamente dentro de la discrecionalidad del legislador, de ahí que, por el fondo, no nos compete pronunciarnos sobre la conveniencia u oportunidad del proyecto en cuestión”, dice la PGR.
De igual forma, la Procuraduría realizó observaciones sobre la creación de una nueva institución estatal, el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) que será competente para supervisar, operar, planificar y administrar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Nacional, lo que actualmente corresponde al ICE.
Según observa la Procuraduría, en atención al principio de razonabilidad, es necesario determinar las razones por las que se hace necesario modificar el esquema actual y trasladar esas funciones a una institución autónoma nueva.
“Tal y como hemos indicado en otras ocasiones sobre proyectos de ley que pretenden crear nuevos organismos y ampliar la estructura estatal, una adecuada técnica legislativa exige que se dé una ponderación en cuanto a si lo propuesto responde a una necesidad real o no de nuestro ordenamiento jurídico y si existen otras alternativas viables”, se lee en el criterio.
OBSERVACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS
Asimismo, la Cámara hace referencia a lo apuntado por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, el cual hizo mención a que la nueva iniciativa variaría lo dispuesto en la Ley N° 7200, que permite al ICE comprar energía eléctrica de generadores privados.
Sin embargo, el permitir a las empresas privadas una generación y venta de energía de manera libre podría significar problemas constitucionales.
“Las normas en estudio presentan problemas de constitucionalidad al incidir en una actividad discrecional de esta institución que afecta su estructura y manejo administrativo, violentando el artículo 188 de la Carta Magna”, dice el documento emitido por Servicios Técnicos.
Dicho artículo establece que: “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión”.