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Con gran alegría, centenares de costarricenses llegaron con sus mascotas al Paseo Colón para celebrar con júbilo la firma de la Ley contra el Maltrato Animal, el 11 de junio del 2017. Con bombos y platillos el gobierno del presidente Solís Rivera se ufana de tener aprobada esta ley como un logro de su administración.
Las personas que somos amantes fieles y respetuosos de la más bella creación que Dios dejó en la tierra, cuales son los animalitos, estábamos con mucho optimismo, ilusión y esperanza de que los derechos de los más débiles se respetaran; pero esta ilusión y algarabía duró solo unas horas, cuando dos o tres días después sale al paso con las declaraciones más sinceras, transparentes pero sumamente desafortunadas el Lic. Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Poder Judicial, explicándole a la ciudadanía que si poníamos en una balanza a qué le dábamos prioridad, al crimen organizado y delincuencia (llámense narcotráfico, trata de personas, legitimación de capitales, pornografía infantil y un largo etcétera), o a implementar y reglamentar la Ley contra el Maltrato Animal, cuyo costo sería de miles de millones de colones, a cualquier ciudadano responsable y con un poco de sentido común no dudamos en ningún momento y está fuera de discusión que en primer término está por encima de cualquier cosa la defensa de la integridad física y moral del ser humano.
Esas declaraciones, repito, desafortunadas, que cayeron como un balde de agua fría a toda la población y se difundieron en los medios de comunicación masivos y en redes sociales, de nuevo ponen en el “ojo del huracán” a la presente administración, que más parece que todo lo hace a la “bulla de los tamarindos”, a tontas y a locas, no entiende ni sabe el significado del vocablo planificar (no se entiende, si sabían que esta ley iba a requerir ¢4 mil millones para ponerla en marcha y dotar a los laboratorios y otros departamentos del Senasa para que puedan hacer realidad la ley y aplicarla de manera concreta, no que quede en el papel, en letra muerta). Al tiempo que al Poder Judicial, el cual tiene la asignación del 6% del presupuesto nacional, requeriría la inyección de un 3% adicional. Esto podrá ser factible, después de saber que este gobierno por una cuestión de cálculo electoral político no se va a “comer el chicharrón” de la tan urgida Reforma Fiscal (sea la aprobación de nuevos impuestos), de donde provendrán dichos recursos, para hacer una realidad esta nueva Ley contra el Maltrato Animal.
Las organizaciones protectoras de los derechos de los animalitos pelearon con denuedo y vehemencia desde hace algunos años con valentía, entrega y coraje para que esta ley se aprobara. La rúbrica del 12 de junio del 2017, que tanto se dice por parte de la administración Solís Rivera, que es una conquista histórica, sin precedentes, todo un ejemplo para muchas naciones del orbe, es simplemente una burla para acallar las conciencias de quienes adversan y lucran de las pobres e inocentes criaturas de Dios, los animales. Insto a los cientos de miles de personas que en lo secreto y en el anonimato hacemos el bien, protegemos y amamos a nuestros compañeros fieles (canes, felinos, aves y todo tipo de animales) a seguir haciendo, que nuestra conciencia sin quererlo en el mundo de lo cuántico y metafísico hará que nuestra energía positiva vaya esparciéndose como pólvora para que ningún ser humano que habite la tierra le haga daño a un “hermano menor”.
Sigamos el ejemplo de San Francisco de Asís; el mundo cambia poco a poco, cada día somos más los que nos comprometemos con seriedad y responsabilidad a salvaguardar la integridad de los animalitos. Solo Dios y el tiempo dirán que es mejor vivir en la vorágine del materialismo despiadado e inhumano o defender los valores más sagrados, cual es proteger la naturaleza, la cual incluye a todos nuestros animalitos. No necesitamos ninguna aprobación de ley. Pongamos en práctica nuestro amor y caridad humana hacia ellos, defendámoslos a toda costa.
*Abogada y notaria
Las opiniones antes expresadas corresponden únicamente al autor y no representan la posición oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.