La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, se refirió al caso Madre Patria y respondió a los señalamientos realizados en su contra por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges.
Mediante un comunicado de prensa, la ramonense dijo que es investigada porque, por intermediación del socialcristiano, recibió una bolsa con monedas con menos de ¢100.000.
Asimismo, reconoció que las autoridades judiciales la investigan porque, por medio de una intervención telefónica, determinaron que Bojorges le pidió ayuda a un empresario autobusero de apellidos Herrera González para apoyar su candidatura.
Un día antes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró el celular de Jiménez, quien aseguró que tanto en campaña como desde la Municipalidad de San Ramón no ha cometido ningún delito.
Del mismo modo, también negó haber sido asesora legislativa de Bojorges.
“Durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un ‘amigo’ suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye, que siempre me pareció correcto.
Yo no había sido electa, ni tenía competencia pública alguna, ni me comprometí nada en lo absoluto (…) Por lo que no es posible hablarse en mi caso de delito alguno. Por ello no tengo nada de qué avergonzarme”, sostuvo.
Finalmente, la alcaldesa Gabriela Jiménez afirmó que no permitirá que, en el contexto de la coyuntura política que atraviesan el país y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), “Leslye trate de manchar mi reputación”, haciendo referencia a su respaldo a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo. El caso Madre Patria se relaciona con una investigación sobre fraudes registrales que afectaron a adultos mayores y personas con discapacidad, en la que, aparentemente, habrían estado implicados funcionarios públicos.
Según las indagaciones, una presunta estructura criminal obtenía ilegalmente propiedades registradas, incluidas algunas en desuso, para luego venderlas a terceros.
Debido a que los notarios se prestaban para estas transacciones fraudulentas, la organización delictiva lograba mover hasta tres o cuatro veces una finca antes de sacar provecho económico.
En un solo día dicha estructura criminal tranzó $13 millones en bitcoins.
El caso está en investigación de las autoridades judiciales bajo el expediente 22-005018-0042-PE.