Atesoro el recuerdo de mis abuelos paternos quienes los domingos nos llevaban a misa con la intención de prestar atención al significado de la lectura bíblica y aplicarlo en la cotidianidad. Después de algunos años, aprendí que la esencia de ese mensaje, en lo que a la convivencia humana se refiere, conlleva el amor al prójimo y a partir de allí empecé a darle más importancia al respeto al ser humano y a la naturaleza misma que a otras formalidades y rituales.
No pretendo cometer el error de mezclar la religión con la política, pero debo manifestar que la Asamblea Legislativa, cuya misión es ofrecer respuestas legislativas a las necesidades de las personas, no debe constituirse en un lugar en el que se presenten acciones por parte de un diputado basadas en creencias personales o prejuicios sociales, desconociendo la misión institucional.
Un Congreso lucha por disminuir la discriminación mediante normas que establezca equilibrios; debe dirigirse hacia la búsqueda de ideales que fortalezca la dignidad humana: igualdad, libertad, fraternidad, entre otros; el Congreso no debe ser un victimario, sino ser el artífice de una sociedad igualitaria y respetuosa del ser humano, indistintamente de su condición.
Uno podría hacer el ejercicio de tratar de entender a diputados que argumentan posiciones adversas a su doctrina, pero lo que no es posible comprender, es que direccionen medidas que intente impedir el ejercicio del trabajo legislativo a una diputada mediante su no nombramiento en una determinada comisión, sencillamente por su orientación sexual o por cualquier otra condición propia de su personalidad.
Esto se llama atropello y de haberse concretado, sin duda alguna sería una violación no solo al derecho al trabajo, sino a la autodeterminación, producto del capricho, los prejuicios o las creencias personales.
Por dicha la intención fue denegada, aunque dejó un daño irreparable.
El Estado se constituyó para combatir las desigualdades, para garantizar equilibrios entre los diversos intereses que gravitan en una sociedad (en buena teoría), para establecer medidas que les permitan a grupos sociales, indistintamente de su condición, gozar de los mismos derechos fundamentales que tiene el resto de la población.
La misión del Estado es diferente a la de otras agrupaciones sociales y cualquiera de sus componentes debe comprender esa misión y ser consecuente con ella, de lo contrario es aceptar que un grupo de personas por su condición van a tener siempre el pie encima de aquellos quienes tienen el poder para evitar el ejercicio absoluto de su autodeterminación, lo que sería una regresión en materia de derechos de las personas.
* Defensor Adjunto de los Habitantes