La Asamblea Legislativa aprobó el quinto presupuesto de la República. De forma definitiva y con 46 votos, el Plenario le dio trámite al expediente 23.482 que incluye ¢139.792 millones que provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales se destinaran para apoyo presupuestario del Estado y cambio de deuda cara por barata
Del mismo modo, se contemplan ¢85.362 millones, provenientes de créditos internacionales para pagar cuotas obrero-patronales morosas del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Otros recursos agregados son ¢17.771 millones para pagar intereses del Servicio de la Deuda, ¢12.010 millones al Ministerio de Hacienda, ¢6.627 millones del Servicio de la Deuda y ¢2.886 millones al Poder Judicial para la construcción de los Tribunales de Quepos.
Igualmente, se dirigen ¢567 millones para el mantenimiento y financiamiento de programas que se brindan en Fundación Parque La Libertad y ¢4.561 millones serán utilizados para atender escuelas y colegios con órdenes sanitarias.
El presupuesto extraordinario elimina tres plazas por movilidad laboral en la Asamblea Legislativa junto con aumentos en los ministerios de Seguridad Pública (MSP), Cultura y Juventud (MCJ), Vivienda (Mivah) y Ambiente (Minae).
SIN PLATA
No obstante, el Gobierno no incorporó ¢565 millones para el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Ministerio de Salud tampoco dispondrá de ¢73,4 millones para la Fundación Inciensa (Funin).
Además, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no podrá trasladar ¢403 millones para alimentos, bebidas, maquinaria, equipo y mobiliario diverso porque no fueron contemplados por el Ejecutivo.
Caso similar con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el cual transferirá ¢190 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para gastos operativos y el Ministerio de Vivienda no pudo hacer un reacomodo de la subpartida de prestaciones legales.
Del quinto presupuesto extraordinario 2022 también fue eliminada una norma de ejecución solicitada por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), con el objeto de variar el destino de una partida aprobada en 2015, por un monto de ¢2.116 millones, y destinarla a la construcción de gimnasios deportivos y recreativos en algunos colegios de la provincia de Limón.
CUESTIONAMIENTOS
Previo a la aprobación, los diputados hicieron un llamado a Casa Presidencial para que deje de recortar en programas sociales, envíe los presupuestos extraordinarios a tiempo y, además, busque consensos con Cuesta de Moras.
“Aprobar este quinto presupuesto extraordinario es un acto de responsabilidad. Se recibió extemporáneamente con montos elevados por parte de Casa Presidencial.
Logramos algo que el Ejecutivo no ha logrado: consensos para que las cosas salgan. Se hacían movimientos y rebajas que el Gobierno no vio. Pedimos al Ejecutivo que trace puentes”, dijo José Pablo Sibaja, diputado de Nueva República.
“Fue una presentación tardía e inoportuna por parte del Ministerio de Hacienda. Hubo buena voluntad política y acuerdos de los diputados en tramitar rápidamente este presupuesto. Resulta inconveniente e inoportuno que el Ministerio de Hacienda presente presupuestos extraordinarios a estas alturas del año. Se contenían autorizaciones de gasto y movimientos presupuestarios que difícilmente podrán ser ejecutados por las instituciones. Si se proyectaba la aprobación en segundo debate para el 22 de diciembre y un día después las instituciones públicas salen a receso, ¿en qué momento iban a ejecutar los recursos, pagar obligaciones contractuales o llevar a cabo procesos de licitación para compra de bienes y servicios?”, reclamó la liberacionista Paulina Ramírez.
“Tomamos nota de esos errores. No podemos tapar el sol con un dedo. Pido que el próximo presupuesto tenga un rostro social”, concluyó Ada Acuña, diputada de Progreso Social Democrático (PPSD).