Legislador exige al MOPT definir acciones sobre trocha

Mario Redondo, diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, dirigió una carta al ministro de Transportes, Carlos Segnini, para que defina cuáles son las acciones que se van a seguir sobre la construcción de la Ruta 1856 o trocha fronteriza. 

“Ante el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se hace imperativo retomar las acciones para que los vecinos del cordón fronterizo norte puedan contar con esta importante vía.

Le solicito de manera respetuosa me informe sobre la inversión realizada por ese ministerio desde el 8 de mayo del 2014 hasta la fecha, tramos de la vía intervenidos, puentes reparados o construidos y otro tipo de infraestructura en la Ruta 1856”, se lee en la misiva.

Tal como lo informó DIARIO EXTRA, la obra continúa bajo el manto de la corrupción, pues la denuncia de malos manejos de fondos públicos sobre la obra conocidos por la Fiscalía desde 2012 no han encontrado culpables.

La administración Solís ha informado que es necesario esclarecer el plano judicial para avanzar con más fuerza en la construcción de estos caminos. El Ministerio Público intenta defenderse de las acusaciones de políticos y diputados e intenta negar la lentitud injustificada del caso, que define como una causa compleja, con una declaratoria de crimen organizado, que suma 44 imputados, de los cuales 3 son funcionarios. Resaltan como acciones realizadas en conjunto con la policía judicial:

“Entre el 21 de setiembre del 2015 y el 26 de noviembre del mismo año se recibieron cinco informes policiales de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial, uno más de Fraudes del OIJ y otro de Planes y Operaciones del OIJ. Con estos, ya son aproximadamente 31 los informes que ha presentado la policía judicial.

Se han gestionado las ampliaciones de informe solicitadas por la defensa de los imputados en relación a los nuevos informe presentados por Delitos Económicos. A partir de los informes presentados deberán realizarse otras diligencias de investigación”, informó la oficina de prensa de la Fiscalía. 

La investigación se tramita bajo el expediente 12-000053-0621-PE y se mantiene en una etapa de recolección de pruebas.

La Fiscalía tiene tiempo a 2022 para definir si acusa por el delito de prevaricato.