Un sujeto de apellidos Vargas Jenkins fue declarado culpable de 23 delitos de peculado tras aprovecharse de su condición de coordinador del Hogar de Ancianos de Guatuso, en Alajuela, para sustraer al menos 200 millones de colones que habían ingresado como parte de convenios con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y la Junta de Protección Social (JPS).
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), se declaró una pena de 161 años de prisión que, por las reglas del concurso material, fue adecuada a 21 años.
Se conoció que Vargas laboró en el Hogar de Ancianos desde mayo de 2014 hasta enero de 2016, tiempo durante el cual, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, habría sustraído el dinero.
La estrategia que usó para robar los fondos públicos consistió en emitir cheques a su nombre o a nombre de otras personas a las que persuadió para que, una vez los cobraran, le hicieran entrega del dinero. La suma de lo sustraído de esta manera asciende a los 200 millones de colones.
Autoridades detallaron que, en este caso, “se aplica la figura legal del funcionario público equiparado” es decir, aun cuando no es un funcionario estatal, administraba fondos de entidades que sí pertenecen al Estado y, según explica el fiscal Ronald Segura Mena, el caso “sienta un precedente y es una llamada de atención para el correcto manejo de dinero público”.
Por ahora, Vargas permanecerá en prisión preventiva mientras el fallo queda en firme.
* Reglas de la penalidad del concurso material:
“Cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos, se da lo que se conoce como un concurso material. Se sanciona sumando las penas que corresponden a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta. En ningún caso, la pena podrá superar los 50 años en caso de adultos y en el caso de las personas menores de edad imputadas, 10 años o 15 años (según el grupo etario)”.
Fuente: Manual 81 términos prácticos para comprender el proceso penal de Costa Rica.