Le caen a Coopesa por 47 trabajadores ilegales

La Policía Profesional de Migración cayó en un operativo sorpresa en la empresa de reparación y mantenimiento de aeronaves Coopesa, donde ubicó a 47 trabajadores extranjeros que se encontraban de manera ilegal.

El objetivo de la diligencia, en la que también participaron el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), era revisar el estatus migratorio de los foráneos, comprobar que cuentan con los permisos de trabajo correspondientes y que Coopesa como patrono cumple con las disposiciones de ley.

Sin embargo en la inspección determinaron que 47 extranjeros, entre los cuales se encuentran salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y venezolanos, laboran de manera irregular en dos empresas subcontratadas por Coopesa.

Devengan salarios de $420 a $1.300 semanales y solo cuentan con el permiso de turismo, lo que les impide desempeñar labores remuneradas, y tampoco cuentan con solicitudes de regularización ante la Dirección General de Migración y Extranjería. 

“La institución trabaja no solo para regularizar a las personas extranjeras y que se encuentren en regla con respecto a su estatus migratorio, sino para que las empresas que contratan personas extranjeras velen por la correcta regularización de su personal, lo cual es parte de las obligaciones como patrono.

Migración pone a disposición de personas y empresas toda la información y el acceso a los trámites para la solicitud de su permanencia legal en el país, fomentando la integración de estas a la sociedad y sus derechos y deberes como trabajadores”, manifestó Gisela Yockchen, directora de Migración. A los 47 extranjeros se les decomisó el pasaporte y se les citó en las oficinas de Migración, donde se les invitaría a regularizar su situación migratoria o salir del país.

Según la Ley de Migración, en cumplimiento con los artículos del 174 al 180, de comprobarse que Coopesa incurrió en contrataciones de trabajadores que se encontraban en el país de forma irregular, se expone a una multa que oscila entre 2 y 12 veces el monto de un salario base, determinado por la gravedad de los hechos y el número de extranjeros encontrados laborando de forma irregular.