Hace más de un año, tres distinguidos economistas, don Carlos Leiva, don José Antonio Rodríguez y don Leiner Vargas, le advirtieron al país acerca de serios problemas en los estudios económicos en que se basaba Recope, para llevar a cabo su proyecto de inversión con la compañía china CNPC, que era su socia en la empresa conjunta conocida como Soresco. A ellos la ciudadanía debe estarles agradecida, pues les dio la razón la reciente decisión de la Contraloría, la cual le prohíbe a Recope utilizar el estudio de factibilidad hecho por una empresa china, subsidiaria de su socio en Soresco. El esfuerzo de esos tres ciudadanos tiene una lección: que las autoridades gubernamentales deben prestar atención a las críticas sensatas y técnicamente robustas que se les hacen y que, evidentemente, fueron ignoradas y despreciadas por ellas.
La decisión de la Contraloría se ha quedado corta. Otro culto ciudadano, el licenciado Manrique Jiménez, connotado jurista, a quien también hay que agradecer por su accionar en bien nuestro, ha insistido públicamente en que todos los actos de Recope, en su sociedad Soresco con la empresa petrolera estatal china CNPC, sufren del vicio conocido como de nulidad absoluta. Quienes no somos abogados especialistas debemos entender por esto, que nada de lo actuado por la sociedad Soresco tiene validez jurídica. Cualquier acto realizado debe anularse y volver a la situación original, antes de entrar en dicha sociedad.
La Contraloría debe pronunciarse -y muy pronto- acerca de este punto tan importante del quehacer nacional. Ya hizo lo correcto en torno a la impropiedad del estudio de factibilidad hecho por los chinos, que sirvió de base para el proyecto. Ahora debe hacerlo con lo que se perfila como una violación a la Constitución de la República y a la Ley de Contratación Administrativa, en torno a las acciones llevadas a cabo por Soresco (y, por tanto, por Recope).
Me preocupa desde ya la obstinación con que ciertos políticos nos hablan de que, dada la decisión mencionada de la Contraloría, lo que ahora hay que hacer (como para agarrar la plata china) es un Plan B, alternativo a la refinería propuesta y con base en un nuevo estudio de factibilidad. Esto ha dado campo para que otros políticos quieran sustituir a los desplazados comensales de la mesa, para servirse ellos con cuanto proyecto se les puede ocurrir en su mente. Agregue a esto que la tozudez gubernamental, ha pedido que dicho plan esté listo en 6 meses. ¡6 meses para justificar una inversión ahora desconocida, de probablemente otros $1.500 millones, que nos endeudaría a todos nosotros!
Nos negamos a acostumbrarnos a la sombra –mejor a la oscuridad- que ha envuelto tantas cosas en este gobierno. No hubo transparencia con la Trocha. Menos aún con el contrato con OAS para construir la carretera a San Ramón. Ahora nos viene esta refinería ineficiente y muy costosa, que, a no ser por la acuciosidad de los ciudadanos antes citados, se nos hubieran hecho engullir. Con la actuación del Estado en todos esos casos ampliamente conocidos, ¿acaso cree usted que con el Plan B las cosas van a ser diferentes?
No se trata de hacer un tal Plan B que resucite un mamotreto más de Recope, como si para lograrlo tan sólo bastara con pronunciar las palabras mágicas “Lázaro, levántate y anda”. Se necesita refrenar los apetitos de los gobernantes, actuales y venideros, quienes siempre creen saber todo mejor que nadie. Debemos parar la arrogancia de políticos insensibles, pues nos sale muy cara.