Lavado, drogas y economía

Nunca antes una autoridad policial en Costa Rica había revelado una cifra tan fuerte y contundente. Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), informó a DIARIO EXTRA que en el país se legitiman más de $4.200 millones, anualmente un poco menos de los $6 mil millones “lavados” por la organización llamada Liberty Reserve, operación que fue considerada por las autoridades de Estados Unidos como el mayor caso de legitimación de capitales a escala mundial puesta al descubierto.

Anualmente, por el sistema bancario nacional pasa esa gran cantidad de dólares que, sin duda alguna, impactan la economía de Costa Rica. 

¿Qué pasaría si sacamos ese dinero de los bancos? La primera reacción que tendríamos sería un aumento en el precio del dólar, obviamente, dictada por el efecto de oferta y demanda.

¿De dónde sale una cantidad tan alta de dinero obtenida ilegalmente? Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) los delitos que alimentan este monstruo financiero son el tráfico de drogas, personas, armas y mercancías robadas, así como producto de corrupción, soborno, fraude, piratería de productos, falsificación de dinero y delitos ambientales.

A esta larga lista también hay que sumar homicidios, lesiones graves, secuestro, privación de libertad, robo, hurto, contrabando, delitos fiscales, extorsión, uso indebido de información confidencial, privilegiada y manipulación del mercado.

Una fuente judicial reveló a periodistas de este diario que uno de los narcotraficantes más reconocidos del país y que actualmente está en prisión, logró levantar su ilegítimo negocio gracias a la venta de una finca, por la cual le pagaron ¢200 millones. Es claro que dicha propiedad no estaba a su nombre sino de un testaferro.

Precisamente, el magistrado y presidente de la Sala III, Carlos Chinchilla, en una entrevista publicada el lunes de esta semana en DIARIO EXTRA, señaló la necesidad que tiene el país de entrar en la discusión sobre un proyecto llamado extinción de dominio.

¿De qué se trata y qué busca el proyecto? Su objetivo es quebrar económicamente a los delincuentes que “lavan” dinero por medio de activos o inversiones y busca dotar al Estado de dicha herramienta.

Vista como una materia legal nueva, la extinción de dominio va sobre los activos, capitales o bienes de estas personas, las cuales no puedan justificar su obtención por medio de fuentes lícitas, porque ya se sabe que fueron delitos los que hicieron posible su compra.

La reciente condena de dos hondureños y una guatemalteca a los cuales les encontraron más de $500 mil mientras realizaban una fiesta en un hotel capitalino, deja en evidencia que solamente así y bajo esta modalidad se puede meter a la cárcel a estas personas.

Otros ejemplos de estos son los traileros qu

e son detenidos en las zonas fronterizas con grandes cargas de dinero o los llamados “burros” que caen en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Sin embargo, los “lavadores” que insertan los capitales en el sistema financiero, los que disfrazan el dinero en construcciones de edificios abandonados, los que legitiman mediante los protocolos de abogados, a esos los vemos lejos de las cárceles. 

Falta, sin duda alguna, una mayor acción de nuestras autoridades judiciales y del Ministerio Público para encerrar a esos testaferros que inyectan a la economía costarricense dólares por doquier y generan una burbuja que mantiene el dólar en un precio falso.

A lado de esta esta situación, se alza con más fuerza y preocupación la guerra que se vive en barrios del sur de San José, en Limón, en La Cruz de Guanacaste y en Paso Canoas. Los muertos producto de esos enfrentamientos son muchos y en el país no se vislumbra una solución.

La legitimación de capitales no solo afecta la economía, es una continuación de una serie de delitos que carcome a la sociedad costarricense y a cuya realidad le damos la espalda.