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La presidenta de la República, Laura Fernández, reconoció públicamente que cometió una “mala comunicación” y que se expresó “equivocadamente” al anunciar inicialmente una política generalizada de rotación para los cuerpos policiales en el país.
Tras la inquietud generada en la fuerza pública y en las agrupaciones sindicales, la mandataria aclaró que las rotaciones no se aplicarán de manera masiva ni arbitraria a la totalidad del personal, sino que se enfocarán puntualmente en los directores, subdirectores y aquellos oficiales que enfrenten investigaciones por presuntos delitos de corrupción.
El anuncio original de la administración instruía a los ministerios de Seguridad y de Justicia a rotar periódicamente a los policías entre provincias para evitar que crearan arraigo en las comunidades y fueran tentados por el crimen organizado o el narcotráfico. Sin embargo, la formulación amplia de la directriz provocó temor entre los funcionarios y el reclamo de sectores sindicales como la Unión Nacional de Policías (UNP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los cuales señalaron que no se debía estigmatizar a toda la tropa por las fallas de unos pocos.
Ante esta situación, Fernández dirigió un mensaje de tranquilidad a los uniformados, asegurando que los policías honestos no tienen motivo de intranquilidad y mantendrán sus condiciones sin traslados intempestivos.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, reiteró que la medida busca apartar y mover cada tres meses a quienes deshonren el uniforme, protegiendo al resto del personal como aliados estratégicos en la lucha contra la delincuencia.