Laura Fernández propone cambios en hoja de delincuencia: así funcionaría
Para fines laborales habrá un cambio
En una ofensiva frontal contra lo que denomina “errores de gobiernos garantistas”, la presidenta de la República, Laura Fernández, presentó ante la Asamblea Legislativa la Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales.
Esta sexta iniciativa del paquete de seguridad busca transformar radicalmente el manejo de la “hoja de delincuencia” en Costa Rica, eliminando la posibilidad de que las personas con antecedentes limpien su historial ante las autoridades judiciales rápidamente.
El fin del “borrón y cuenta nueva”
Actualmente, tras una reforma aprobada en 2016, los antecedentes penales de una persona se borran de los registros oficiales apenas cinco años después de cumplida la condena para evitar la estigmatización.
La propuesta de la mandataria busca revertir esta situación, argumentando que este “derecho al olvido” ha facilitado la reincidencia al impedir que jueces y policías conozcan el historial real de los imputados.
“Estamos corrigiendo nuevamente el error de gobiernos garantistas que les dieron a los delincuentes de más alta gama del país el derecho al olvido”, dijo Fernández durante su discurso en el Congreso.
Un sistema de doble registro
La propuesta técnica establece una distinción clara entre el uso laboral y el uso judicial de los antecedentes:
- Para fines laborales: Los antecedentes penales se mantendrán visibles en la hoja de delincuencia que se entrega a las empresas durante 15 años posteriores al cumplimiento de la condena. Según la mandataria, esto busca no castigar de forma perpetua la búsqueda de empleo para quienes ya pagaron su deuda con la sociedad.
- Para fines judiciales y policiales: Los registros no se eliminarán nunca. Esto permitirá que jueces, fiscales y oficiales de policía tengan acceso permanente al historial delictivo completo de una persona para valorar su peligrosidad, fijar nuevas condenas u otorgar beneficios carcelarios.
“Usted no empieza borrón y cuenta nueva. Este es un proyecto sumamente justo, equilibrado, porque le da a quienes enfrentan la delincuencia la herramienta para saber contra quién se están enfrentando”, fue enfática la presidenta.
Con este proyecto, el Poder Ejecutivo pretende dar un paso definitivo para “actualizar las reglas del juego” y asegurar que el sistema judicial priorice la protección de la ciudadanía sobre los beneficios de quienes han delinquido de forma reiterada.
La presidenta cuestionó duramente la lógica detrás de la normativa vigente: “¿Cuál derecho al olvido tiene una víctima? ¿Cuál menor de edad o cuál mujer de Costa Rica que fue violada se le olvida eso? No se le olvida a nadie hasta que se muera”.