Laura Fernández condiciona meta de seguridad en reformas al Poder Judicial

Durante la presentación oficial del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 “Braulio Carrillo”, la presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó un fuerte y directo llamado al Poder Judicial, señalando que el éxito de las metas de seguridad del país depende de una modernización y revisión de los marcos normativos de la judicatura.

El nuevo Plan de Desarrollo establece como una de sus prioridades la seguridad ciudadana, fijando como meta nacional reducir la tasa de homicidios dolosos a 15.3 por cada 100 mil habitantes para el año 2030, partiendo de una línea base de 16.8 registrada en 2025.

Al respecto, la mandataria fue enfática en que la paz social es un requisito indispensable para el crecimiento económico de la nación:

“No puede haber desarrollo donde el miedo decide a qué hora se sale a trabajar, a estudiar, a recrear o a emprender. No puede haber desarrollo si no podemos salir de nuestras casas por temor”, expresó la mandataria.

El choque directo con las decisiones judiciales

La presidenta Fernández apuntó de forma directa contra los procesos de trabajo del sistema de justicia y la liberación de delincuentes, advirtiendo que el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) no pueden resolver la crisis en solitario.

“Podemos triplicar los esfuerzos del Ministerio de Seguridad, del de Justicia y Paz, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y de todos los cuerpos policiales del Gobierno, pero si la crisis de seguridad pública no es asumida con el mismo nivel de responsabilidad por todas las instituciones vinculadas a ello, no vamos a lograr cumplir esta meta“, aseguró Fernández.

Fernández insistió en que “es absolutamente imperativo que el Poder Judicial también asuma la revisión y la modernización de sus marcos normativos y de sus procesos de trabajo, de forma tal que la crisis de impunidad y la crisis de personas que deberían estar encerradas y no sueltas se terminen”.

La estrategia de seguridad del Plan “Braulio Carrillo”

Para complementar estas demandas, el PNDIP 2027-2030 contempla intervenciones clave del lado del Poder Ejecutivo, entre las que destacan la puesta en operación del sistema C5, la implementación del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) y el fortalecimiento del programa de reinserción “Cero Ocio” para las personas privadas de libertad.

Asimismo, la Administración impulsa una agenda legislativa que incluye más de 25 proyectos de ley enfocados en la modernización del Estado, la infraestructura y la lucha directa contra el crimen organizado.

Al cerrar su intervención, la presidenta aclaró que sus reclamos no buscan socavar la independencia de poderes, sino exigir corresponsabilidad frente al azote de la delincuencia:

“Decir esto en voz alta y con vehemencia no es atacar al Poder Judicial, no es debilitarlo, muy por el contrario, es mi deseo genuino como presidente de la República de tomar el toro por los cuernos entre todos los que tenemos responsabilidad en esta importantísima materia”, finalizó la presidenta.