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Hace unos días, nos enteramos por medio de las redes sociales del caso de una joven que fue manoseada desde un vehículo mientras se dirigía en bicicleta al gimnasio; en ese momento, según la ofendida, dudó en denunciar los hechos, en virtud del temor a que no le creyeran ya que, según ella, “nadie había visto y no venían otros carros”; en este punto afortunadamente se equivocó, ya que las cámaras de seguridad de un supermercado grabaron esta reprochable acción, lo que permitió posteriormente identificar a los sospechosos y ponerlos a las órdenes de las autoridades judiciales, siendo que al día de hoy ya se encuentran indiciados y con medidas cautelares que deben cumplir, mientras continúa la investigación.
Existe un enunciado que indica que, gracias al uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), muy pronto llegará el momento en que todos los delitos tendrán trazabilidad; y acá vemos un claro ejemplo de eso, donde ante la ausencia de otros testigos físicos, el archivo digital se convierte en esencial, y por ende en la columna vertebral de los argumentos probatorios, en la búsqueda de la verdad real de los hechos.
Es así como identificamos otra utilidad de las TIC, esta vez al servicio de la justicia, donde se convierte en un medio eficaz para la recopilación de pruebas en los procesos judiciales, gracias a que cada día usamos y dependemos más de los dispositivos electrónicos, los cuales registran muchas de nuestras actividades, acciones y sitios que transitamos.
Según las estadísticas emitidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al 2018 existían 170 líneas de telefonía móvil y 95 líneas de internet móvil, ambos, por cada 100 habitantes; hecho que ha permitido que en las redes de nuestro país hayan transitado ciento cuarenta y un mil ciento dieciseis (141.116) terabytes de información y datos en solo ese año, cifra que supera el consumo de todos los países centroamericanos en forma conjunta.
Es así que, cuando instalamos determinada aplicación en nuestros dispositivos, aceptamos una serie de condiciones, las cuales dan acceso a nuestra información privada, como fotografías, ubicación y documentos, las cuales después podrían servir como prueba a nuestro favor o en contra en un eventual proceso.
Este nuevo paradigma permite contar con una gama más amplia de elementos probatorios, sin embargo, constituye un reto para todos los actores en los procesos judiciales, los cuales deben ostentar las herramientas jurídicas, técnicas y financieras necesarias para poder gestionar la prueba adecuadamente y resguardar su cadena de custodia, para lograr legitimarla y que no se convierta en espuria.
Desde el punto de vista normativo, nuestro país cuenta con una valiosa herramienta para atacar los delitos informáticos, en el año 2017, la Asamblea Legislativa aprobó mediante Ley N° 9452, la adhesión al Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia (Budapest, 2001), que dota de instrumentos de cooperación internacional, creando una red permanente de contactos 24/7 con procedimientos para solicitar rápidamente información y documentación que puedan servir de pruebas para la investigación de delitos informáticos, permitiendo mejorar la eficiencia y la eficacia judicial de este tipo de delitos.
Si bien el anterior es un ejemplo específico, la normativa vigente facilita la obtención de pruebas mediante el uso de las TIC para cualquier tipo de delito, sin embargo es importante que los expertos en derecho penal estén en constante análisis, en aras de determinar si en virtud de los avances tecnológicos, en determinado momento es necesaria alguna reforma jurídica para poder obtener prueba por medios digitales.
Las pruebas están allí, y para poderlas utilizar deben ser obtenidas, analizadas y resguardadas de manera legítima para evitar su contaminación, por ejemplo, por errores de procedimiento cometidos en el decomiso y la apertura de los dispositivos electrónicos de donde se obtendrán; todo lo anterior debe realizarse, además, a tenor de los principios de defensa, debido proceso, seguridad jurídica, privacidad y legalidad.
En vista de los constantes avances tecnológicos, es fundamental capacitar permanentemente a los jueces, fiscales, defensa pública, investigadores y peritos con el fin de otorgarles las herramientas necesarias, por el alto componente técnico que conllevan dichas gestiones.
Es notorio que las TIC permiten aumentar nuestra capacidad de crear, innovar y hacer un entorno más productivo, siendo muy útil en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ya que por medio de ellas podemos realizar diferentes actividades como el tele trabajar, estudiar, emprender y digitalizar procesos de producción, haciéndolos más eficientes y competitivos. Sin embargo, uno de los usos que más impacto tiene, es precisamente en el ámbito judicial, donde se han convertido en una herramienta fundamental en la búsqueda de la justicia y la paz social, por lo que aquellas personas que pretendan cometer un ilícito, deberán pensarlo antes dos veces, ya que por el uso que hacemos a diario de las telecomunicaciones, dejamos huellas certeras de todas nuestras actividades.
*Abogado, ex viceministro de Telecomunicaciones