El 29 de marzo de 2023, el TSE planteó cuatro proyectos de reformas al sistema electoral, incluyendo una reforma constitucional a las normas atinente al financiamiento de las campañas políticas.
Todas son reformas de peso que están en trámite en la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa.
Son proyectos que merecen la consideración cuidadosa de las señoras y señores diputados, de los partidos políticos y de personas formadoras de opinión.
Me referí a este tema agosto del año pasado (La reforma propuesta por el TSE para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos en www.rodriguez.cr).
Ahora me permito insistir en la importancia de su discusión y aprobación, incorporando las reformas fruto del debate parlamentario, para que al menos algunas de esas propuestas puedan estar en efecto para las elecciones de 2026.
Frente a la proliferación de partidos políticos y el surgimiento de los “partidos taxi” a la disposición del político que coyunturalmente desee aprovecharlos, es muy importante poner al día los requisitos en cuanto al número de adhesiones requeridas para su establecimiento. También es necesario adecuar al tamaño de nuestra población las condiciones para que los partidos que no obtengan un mínimo de resultados electorales pierdan su vigencia.
A estos temas se dirige el “Proyecto para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos” (Proyecto de Ley 23 884), que propone modificaciones, pero que son insuficientes.
Hoy se exigen 3.000 firmas para la inscripción de un partido, igual a lo que se pedía en 1952, cuando la población era seis veces mayor. El proyecto del TSE ni siquiera duplica la exigencia. En 1952, 3.000 era el 0,5% de la población. En el Código de 1946, el primero que estableció una autoridad electoral independiente, se exigía un 2% de los electores. Eso hoy representa 72.000 adhesiones. La reforma propuesta por el TSE es de solo un 0,15% del padrón.
Además, el número exigido para partidos provinciales en este proyecto es un número fijo, que resulta en una proporción variable por provincia con un promedio de 0,75%.
Volver al 0,5% del Código Electoral de 1952 para todos los casos sería una medida de razonabilidad, equilibrio y proporcionalidad. El otro tema es la vigencia.
El Código de 1946 era muy exigente. Se perdía la inscripción si no recibía una votación de al menos el 2% del padrón, y obligaba a renovar las adhesiones (2% del electorado) cada cuatro años o se cancelaba sin más la inscripción.
El Código Electoral de 1952 y el de 2009 solo ordenan cancelar la inscripción a un partido si no participa en una elección o si no se obtiene un número de votos al menos igual al número de firmas de adherentes demandado para su formación. La Sala IV eliminó la causal de no participación.
El TSE propone la figura de partido inactivo, que se aplicaría a los que no hayan renovado sus órganos un año después de su vencimiento. Si un año después de declarado inactivo un partido no ha renovado sus órganos, se le cancelaría la inscripción.
Esta reforma y el aumento del número de votantes que implica una necesidad de más votos en las elecciones para no ser des inscritos, ayudaría a que no se propague el negocio de tener partidos fácilmente inscritos para que presten servicio de taxi a las personas que los compren para unas elecciones.
Otro de los proyectos del TSE es para “Regular las nuevas formas de propaganda”, expediente 23885 que atiende el problema real de la manipulación de voluntades de los ciudadanos por medio de las redes sociales. Sería muy conveniente si se pudiera tramitar para que esté vigente en el próximo proceso electoral.
El proyecto de reforma constitucional ya no tiene en mi opinión oportunidad de ser tramitado a tiempo dada la exigencia de ser aprobado en dos legislaturas, y posiblemente signifique que tampoco se pueda tramitar el “Proyecto de Ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos”.
Pero mucho podría realizar la Asamblea Legislativa para mejorar nuestro sistema electoral.