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La Fuerza Pública de Costa Rica mantiene acciones de supervisión e inspección interna para evitar que grupos del crimen organizado infiltren sus filas y para sancionar a los funcionarios que cometen faltas o delitos.
Esta labor combina investigaciones administrativas, filtros en el reclutamiento y la aplicación de medidas disciplinarias como suspensiones, traslados y despidos.
Así lo indicó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, durante una entrevista en el programa radial “Desde Buena Mañana”, de Grupo Extra.
De acuerdo con Rivera, en una sola semana cinco oficiales fueron suspendidos tras detectarse posibles incumplimientos de sus deberes e implicaciones delictivas.
“En esta lucha frontal que tenemos contra el crimen organizado, también tenemos una lucha frontal contra la corrupción en la Fuerza Pública”, dijo.
Asimismo, las autoridades han ejecutado despidos e incluso han atendido casos de extrema gravedad, como el de un oficial vinculado a una red criminal, Michael Amador Corella, alias “Rojo”, cuya extradición ya fue avalada por un tribunal.
“A mí no solo me enoja, sino que me entristece cuando salen oficiales de la Fuerza Pública involucrados en situaciones lamentables de alguna situación que hay que sacarlos a ellos, porque en realidad están cometiendo delitos”, explicó.
El análisis de inteligencia policial muestra que las organizaciones criminales emplean métodos definidos para intentar vulnerar los cuerpos de seguridad.
Uno de los mecanismos identificados consiste en reclutar a personas que no registran antecedentes penales.
Estas personas son utilizadas como intermediarias para la compra legal de armas de fuego que luego terminan en manos del hampa, o bien son impulsadas a postularse como aspirantes a la Fuerza Pública y a la Policía Penitenciaria.
Para detectar estas situaciones antes del ingreso de nuevos funcionarios, el Ministerio de Seguridad Pública cuenta con una comisión interdisciplinaria en la que participa la Dirección General de la Fuerza Pública.
En este espacio se examinan los expedientes de cada postulante junto con estudios de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con el fin de identificar nexos delictivos o antecedentes no reportados.
“Imagínese usted que ahora están utilizando, porque ellos creen que nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero sí nos damos cuenta, están utilizando personas que no tienen ningún tipo de antecedentes para comprar armas, sino también para tratar de introducirlas dentro de la Fuerza Pública”, agregó.
Contrarrestar estos ingresos
Dentro de las herramientas administrativas, la institución aplica la rotación preventiva de oficiales investigados.
Esta medida cautelar busca separar al funcionario del entorno donde ocurrió la supuesta falta mientras el departamento disciplinario y el Consejo de Personal resuelven el expediente, garantizando el debido proceso.
Asimismo, las autoridades mantienen abiertos canales directos para denuncias anónimas sobre irregularidades, mediante la línea 1176 y el correo [email protected].
El proceso de depuración busca garantizar el cumplimiento de la ley dentro de la policía y asegurar que los recursos operativos se enfoquen en la protección ciudadana.
Traslado de oficiales cuestionados