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Natalia Gamboa hermana y abogada del exmagistrado Celso Gamboa aclaró que las conversaciones con autoridades estadounidenses solo pueden realizarse cuando la persona extraditada se encuentra en territorio de Estados Unidos y bajo un proceso judicial formal.
“No se puede hablar de negociación porque las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos se hacen una vez que la persona esté allá y se hace a través de un procedimiento judicial. La DEA no negocia con personas, a nivel judicial no procede”, señaló.
La defensora explicó que la cita de este jueves no tenía carácter de diligencia judicial, sino que consistía en poner en conocimiento del extraditable parte de la prueba reunida por la acusación en su contra. Precisó además que estas reuniones no se realizan en presencia de un juez costarricense, ya que el caso se ventila en tribunales estadounidenses y no en Costa Rica.
Cabe recordar que la mañana del jueves un fuerte despliegue de seguridad que incluyó la custodia con agentes del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el uso de los dos vehículos altamente blindados conocidos como “La Bestia”, arribó el exmagistrado.
A eso de las 8:30 a.m. llegaron al Primer Circuito Judicial de San José y fue culminando cerca de las 3:00 p.m.
Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, también tendrá su turno.
Estos tres sujetos son requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas, ubicado en Dallas, por una acusación de dos cargos de narcotráfico internacional.
Gamboa Sánchez y López Vega, a quienes capturaron el pasado 23 de junio. Todos ellos descuentan dos meses de detención provisional mientras se gestiona la aprobación o no de su remisión a Estados Unidos.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que Gamboa tendría un encuentro con representantes de la DEA como parte del proceso judicial que enfrenta.
Zúñiga explicó que se trata de un procedimiento formal en el que las autoridades deben poner en conocimiento del imputado los elementos de prueba que ya se han recabado en su contra.
“Es un procedimiento que se tiene que hacer. A ellos se les debe informar de los diferentes elementos de prueba que se han generado y es parte del proceso en curso. Ellos también tienen derecho a conocer de primera fuente lo que se les imputa”, detalló el director del OIJ.