Cuando se habla de realizar recortes en los presupuestos para las universidades públicas, es común que se den reacciones por parte de los sindicatos. Entonces, sus dirigentes en poco tiempo movilizan (manipulan) a grupos de estudiantes o a sus funcionarios para que se lancen a las calles a protestar.
Sin embargo, al investigar la temática del presupuesto para universidades, se puede saber que gran parte de esos recursos favorecen a ciertos sectores académicos (especialmente a los docentes y personal administrativo con muchos años de laborar en esas instituciones). Incluso, al momento de pensionarse, estos recibirán un jugoso monto basado en los altos ingresos que devengaron en los últimos años previos a la jubilación.
En una fuente informativa, se dio a conocer que en 2019, del presupuesto para la UCR, 212 mil millones se aplicaron en salarios (64,3%), 32 mil millones de colones en becas (9,7%) y podemos suponer que el 26% restante en otros gastos. En otras universidades públicas, algunos profesores han recibido hasta un 45% por dedicación exclusiva y un 60% por categoría académica (por ejemplo, un doctorado).
Entonces se ve que gran parte del FEES, por no decir que es un “festival de dinero”, se va en salarios y gollerías, el resto apenas cubre algunos gastos de mejoramiento e inversión en infraestructura, programas de investigación y evaluación de resultados. Es más, hace como 30 años yo fui estudiante de la UCR y me consta el despilfarro que ya se daba, y para poner un ejemplo en aquel tiempo había (y aún las hay) flotillas de vehículos en deterioro en algunos predios de esa entidad, pero que no son vendidos ni para repuestos.
Luego, es cierto que el artículo 84 de la Constitución Política determina la autonomía de funciones (pero entiéndase que es en materia académica) de las universidades públicas, en tanto, el artículo 85 expone que el Estado las financiará, lo cual implica que no deben tener total autonomía en materia de financiamiento, pues si dependen del gobierno central, entonces deben ser fiscalizadas en lo financiero por la Contraloría General de la República y con total razón deben entrar en la regla fiscal, que hace un tiempo se determinó para controlar el gasto público.
Otra cosa, el artículo 78 de la misma Constitución afirma que se debe destinar el 8% del PIB para la educación y sin perjuicio de los artículos 84 y 85, pero debe entenderse que el 8% no solo debe ir a las universidades, sino que se debe repartir a la educación primaria y secundaria.
Retomando el tema de universidades públicas, en Costa Rica hay 5 (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN), pero dado que esas instituciones se han vuelto una canallada de pluses, ya es hora de que cierren al menos dos, que pueden ser la UNA y la UTN. De por sí ya es hora de que muchas materias se den virtuales, entonces para qué tantas universidades.
*Escritor y comentarista de temas cotidianos