Durante años distintos informes, estudios de opinión y análisis sociodemográficos apuntan que las provincias con mayor vulnerabilidad en el país son Guanacaste, Puntarenas y Limón.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), numerosos hogares en las zonas costeras son liderados por mujeres y muchas no tienen ni los ingresos mínimos. A lo anterior se debe sumar la poca posibilidad de contar con empleos dignos, educación de calidad, servicios básicos e infraestructura medianamente decente.
Las familias en pobreza con jefatura femenina pasaron de 48,6% a 50,3% entre 2021 y 2022, así lo indica Unicef en su informe anual de labores con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Por otra parte, la mayoría de menores de edad vive en extrema pobreza y los sectores más golpeados están en las fronteras.
A todos estos elementos se debe añadir la violencia e inseguridad. Los últimos números son alarmantes a nivel nacional: en lo que va del año se ejecutaron 431 asesinatos y solo en junio se registraron 70 homicidios más si se compara con el mismo mes de 2023.
Sin embargo, las costas sufren el mayor embate: Limón y Puntarenas tuvieron los mayores índices de criminalidad, mientras que Guanacaste quedó en un deshonroso cuarto lugar, solo superada por San José.
Así las cosas, cuándo las autoridades volverán sus ojos a las costas, qué más esperan el Poder Ejecutivo y Legislativo para mirar a las comunidades que los colocaron en puestos de elección popular.
Las necesidades son diarias y urgen acciones para las tres provincias más olvidadas por todos los gobiernos de turno. Dichas regiones, ricas por su gente, tradiciones y cultura están empobrecidas por la displicencia y decisiones tomadas desde la GAM.
Es hora de atender seriamente las costas, aunque parece que esto solo acontece cuando hay comicios electorales.