Editorial
Costa Rica enfrenta una crisis en su infraestructura vial que va más allá de los inconvenientes cotidianos para los conductores. Los recientes eventos climáticos han expuesto las profundas vulnerabilidades de nuestra red de carreteras, poniendo en evidencia un problema que amenaza directamente la competitividad y el desarrollo económico del país.
La situación de la ruta 32, arteria vital que conecta la capital con el Caribe y uno de nuestros principales puertos en Moín, es el ejemplo más claro de esta problemática.
Los cierres constantes, que han llegado a representar casi el 60% del tiempo en periodos críticos, no solo generan pérdidas millonarias para el sector productivo, sino que también comprometen la imagen del país como destino confiable para la inversión y el comercio.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) reporta daños en al menos 77 rutas nacionales, tras los embates de Rafael y Sara, una cifra que podría aumentar conforme se confirmen las afectaciones.
La inversión de ¢200 millones en reparaciones de emergencia, aunque necesaria, representa apenas un paliativo para una infraestructura que requiere soluciones estructurales y de largo plazo.
Los expertos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos señalan dos problemas fundamentales: la antigüedad de muchas de nuestras carreteras, construidas sin las técnicas modernas de ingeniería, y la ausencia de contratos de mantenimiento preventivo.
Esta combinación resulta particularmente peligrosa en un país donde las condiciones climáticas ponen a prueba constantemente nuestra infraestructura.
La promesa de una inversión de $160 millones mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para obras de emergencia, aunque bienvenida, debe ser parte de una estrategia más amplia y sostenible.
El sector privado necesita certeza y continuidad en sus operaciones, no soluciones temporales que apenas mitigan el problema hasta la próxima emergencia.
Es preocupante que la solución definitiva para la ruta 32, una de nuestras vías más críticas, no se vislumbre hasta 2026.
Los $35 millones destinados a través del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura podrían resultar insuficientes, según las propias autoridades. Esta incertidumbre es inaceptable para un país que aspira a mantener su competitividad en el mercado global.
El sector productivo nacional no puede seguir sometido a la incertidumbre de si sus productos llegarán a tiempo a puerto, si sus insumos arribarán según lo programado o si sus trabajadores podrán llegar a sus puestos de trabajo.
Cada hora de cierre en las carreteras principales representa pérdidas económicas significativas y oportunidades desperdiciadas para nuestros empresarios.
El país debe asumir la modernización de su red vial como una prioridad, no solo desde la perspectiva de la seguridad vial, sino como un componente esencial de estrategia de desarrollo económico. Necesitamos un plan integral que incluya la construcción de nueva infraestructura, programas robustos de mantenimiento preventivo y tecnologías modernas de monitoreo y gestión vial.
