Sea por la vía de la Asamblea Legislativa o por la vía del 5% de las firmas de los votantes inscritos, tanto los Diputados como el Tribunal Supremo de Elecciones tendrán obligatoriamente que enviar en consulta de la Sala Constitucional el proyecto de ley en que se fundamenta el REFERENDO.
Y ahí, a menos que los siete magistrados de la Sala Constitucional decidan quebrantar una norma pétrea y esencial a nuestro Estado de Derecho, fundamentada en una larga y sólida jurisprudencia de la misma Sala y a reiterados pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional declarará en sentencia que el proyecto es inconstitucional.
Esa es la pura verdad. Lo harán, porque efectivamente el proyecto de ley es inconstitucional, desde el momento en que, por la vía legal, es imposible en nuestro Estado de Derecho disminuirle las facultades y prerrogativas que la Constitución Política, la norma superior de nuestro Pacto Social Fundamental, le otorga a la Contraloría General de la República. Esa es la pura verdad y punto.
Esto lo sabe cualquier estudiante que, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica o en cualquiera otra, haya aprobado el curso de Prolegómenos de Derecho y la materia básica de Derecho Constitucional, en su esfuerzo para graduarse de abogado. No digo jurista… porque los últimos exámenes del Colegio de Abogados y Abogadas han puesto en evidencia la pésima formación académica de los nuevos abogados. ¡Terrible para el país!
Ni qué decir de aquellos que, en algún momento de su vida, han pasado por el Ministerio de la Presidencia o Mideplán o el Ministerio de Justicia o que hayan tenido la oportunidad de asesorar en DERECHO a cualquiera de los anteriores presidentes de la República. Lo que a mi juicio, y con el mayor de los respetos, me hace reiterar algo que dije, un tiempo atrás en esta columna, como amable consejo político, profesional y ciudadano al presidente Rodrigo Chaves y es que, por favor, contraten a algún buen jurista experto en Derecho Constitucional y otro en Derecho Administrativo, que los hay y muy buenos, para que los asesoren con fundamentos sólidos en materia jurídica y no solo en comunicación y política, en la Casa Presidencial.
Porque eso de “intentarlo” o jugársela en la Sala Constitucional, como dijo la ministra de la Presidencia, en un ingenuo intento de arreglar la torta de su colega de Mideplán y algunos asesores imprudentes, no es jamás de recibo. Conste y para ser coherente, que estoy de acuerdo con construir la Ciudad Gobierno y la Marina en Limón, pero haciéndolo bien y conforme a DERECHO.
CONCLUSIÓN: después de este inútil y abortado alboroto, queda pendiente una verdadera, profunda y necesaria gran Reforma del Estado Costarricense por auténticas RAZONES DE ESTADO.
…Y USTED QUE OPINA???