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El juicio por el caso La Trocha representa una de las páginas más vergonzosas en la historia reciente del Poder Judicial costarricense. Trece años han pasado desde que se destapó el escándalo de corrupción por la fallida construcción de una carretera a lo largo de la frontera norte, y todavía hoy no hay una sola condena. El expediente ha dormido el sueño de los justos entre escritorios, excusas, rotaciones de jueces y objeciones interminables. Lo que Costa Rica ha presenciado es un espectáculo de ineficiencia y desinterés institucional que raya en el cinismo.
Ahora, con bombos y platillos, se anunció que el juicio arrancará el próximo 30 de junio de 2025 y se extenderá hasta el 31 de octubre del mismo año. Trece años después. ¿En serio debemos aplaudir eso? ¿Debemos celebrar que, por fin, se dignen a sentar a los acusados en el banquillo? Es una ofensa para los costarricenses que creen en la ley, que cumplen con sus deberes y que exigen justicia.
Las explicaciones resultan insultantes. Se concedió un nuevo plazo de 30 días para que los defensores públicos recién nombrados estudien el expediente. Se liberó la agenda de los abogados para que “ahora sí” se concentren en el caso. El Consejo Superior rechazó hacer audiencias por la tarde, porque eso afectaba la agenda de un exdefensor. Como si la urgencia de este proceso fuera algo negociable. Como si la institucionalidad no estuviera ya lo suficientemente golpeada.
Y mientras tanto, la imagen del Poder Judicial se desploma. Porque este no es un caso menor. Se trata de una obra pública financiada con fondos de emergencia, con supuestas compras irregulares, pagos sin respaldo y contratos bajo sospecha. Un caso que huele a fraude, a tráfico de influencias, a clientelismo, a impunidad con traje técnico. Un caso donde la justicia debió ser inmediata y ejemplar. Y ha sido todo lo contrario: tardía, confusa, y cobijada por el manto de la inoperancia.
Quien cree que estos retrasos no tienen consecuencias desconoce cómo se erosiona la democracia. Porque cuando la ciudadanía ve que pasan trece años sin castigo, cuando percibe que los poderosos tienen todo el tiempo del mundo para evitar el juicio, lo que se siembra es desesperanza. Lo que se cosecha es desconfianza.
Y lo que se destruye es la credibilidad misma del sistema judicial.
Ya no caben más excusas. No hay más margen para errores ni justificaciones leguleyas. Lo mínimo que se espera del Poder Judicial es que cumpla con su deber. Y si esta vez, el juicio vuelve a postergarse, entonces no será solo una vergüenza. Será una traición abierta al país y a su gente.