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11 mil personas viven hacinadas en cuarterías en San José. Duermen cada noche en trampas mortales disfrazadas de vivienda. Trescientas personas habitaban en 60 contenedores metálicos de 3×3 metros detrás del Museo de los Niños, sin ventanas, sin luz, sin agua potable. Familias completas, niños pequeños, viviendo en la oscuridad permanente hasta hace apenas unos días. Esta no es la capital de un país que presume de desarrollo humano. Esta es la capital de nuestra indiferencia colectiva.
Desde 2008, 273 personas han muerto en incendios estructurales en Costa Rica, 39 de ellas menores de edad. ¿Cuántas más tienen que morir para que actuemos? No podemos seguir tratando las cuarterías como un problema menor de hacinamiento o salud pública. Son ambas cosas y mucho más: son bombas de tiempo habitadas por las familias más vulnerables del país.
Cerca de 400 cuarterías operan solo en San José, bajo la supuesta vigilancia del Ministerio de Salud, Bomberos y la Municipalidad. Pero vigilar no basta. Fiscalizar no es suficiente. Necesitamos acción inmediata y contundente. Las autoridades deben intervenir estos sitios ahora, no mañana. Cada cuartería sin condiciones mínimas de seguridad debe ser clausurada, pero y esto es crucial no podemos simplemente desalojar a 11 mil personas sin ofrecerles alternativas reales.
Es hora de un cambio radical en cómo pensamos y gestionamos nuestra capital. Los gobiernos locales no pueden seguir administrando la pobreza; deben transformarla. Necesitamos un plan de vivienda de emergencia para las personas que habitan en cuarterías de alto riesgo. Necesitamos que el gobierno central, la Municipalidad de San José y las instituciones autónomas trabajen juntas por una vez en soluciones habitacionales dignas y accesibles.
Esto implica reconvertir edificios abandonados en vivienda social temporal, crear albergues dignos con servicios básicos, implementar subsidios de alquiler para que las familias puedan acceder a viviendas seguras. Implica también regular y mejorar las cuarterías que puedan ser salvadas, obligando a propietarios a cumplir con estándares mínimos de seguridad, salubridad y dignidad humana. Y sí, implica cerrar definitivamente aquellas que se han convertido en centros de narcotráfico y explotación.
Pero más allá de las medidas de emergencia, San José necesita reinventarse. Necesitamos políticas habitacionales audaces que densifiquen la capital con vivienda digna y asequible, que recuperen el centro histórico no para turistas sino para sus habitantes, que integren a quienes hoy sobreviven en los márgenes.