El ecosistema de los activos digitales está ganando cada vez más atención en Costa Rica, a medida que surgen nuevos productos financieros basados en tecnologías de registro distribuido (DLT) o blockchain. Esta tendencia abarca una amplia gama de activos, desde bienes raíces hasta obras de arte, todos convertidos en tokens digitales que prometen una mayor accesibilidad y liquidez.
Sin embargo, en un país donde el debate sobre las criptomonedas ha sido constante, la tokenización plantea cuestiones legales apremiantes. En medio de esta revolución de activos digitales, se destaca el interés y potencial de los activos tokenizados fuera de la cadena, comúnmente conocidos como OCAs (Outside Chain Assets) o, en otras palabras, activos del mundo real (RWAs).
Los entusiastas de los cripto-activos argumentan que la tokenización puede democratizar el acceso a estos activos, permitiendo que una gama más amplia de personas participe en inversiones que antes estaban fuera de su alcance. No obstante, los críticos expresan preocupaciones sobre la escasa e insuficiente normativa y la posibilidad de actividades ilícitas, como el blanqueamiento de capital.
La tokenización se percibe como una herramienta que habilita nuevos productos y servicios que proporcionan rendimientos asimétricos, mejorando la diversificación de las carteras de inversión.
Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una propiedad en venta y queremos tokenizarla para eliminar intermediarios y agilizar la transacción. Aquí se pueden establecer varios escenarios: por un lado, podemos hacer la venta total del activo en un token por su monto total y, por otro lado, se puede dividir en “n” cantidad de tokens de manera proporcional o según la condiciones que su propietario quiera establecer. Es decir, si decide dividir en 10 partes, el propietario decide el valor que otorga a cada token, ya sea por ubicación, por momento de emisión del token, por derechos, etc.
Sea cual sea el requerimiento, este mismo es establecido previamente en un smart contract (contrato inteligente), el cual se ejecuta de manera automática y segura a través de blockchain. A diferencia de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin, Ethereum y USDT, los términos OCA y RWA se utilizan para describir cualquier activo que no tenga su origen, existencia o uso principal dentro de los ecosistemas de tecnologías de registro distribuido o blockchain.
La tokenización de OCAs es el proceso mediante el cual estos activos se representan, negocian o interactúan de alguna manera con las tecnologías de registro distribuido. La evolución y el marco legal de Costa Rica se encuentran actualmente en una encrucijada, tratando de responder a preguntas fundamentales sobre la regulación de los tokens en el marco legal existente. ¿Deben considerarse valores? ¿Cómo deben gravarse? Estas preguntas son esenciales para proporcionar certeza jurídica y fomentar la adopción de la tokenización, especialmente cuando se trata de activos del mundo real, como bienes inmuebles, que deben coexistir con las regulaciones existentes.
Las tensiones entre los defensores de los cripto-activos y sus detractores también se reflejan en el debate sobre si la tokenización debe verse como una herramienta de democratización financiera o como una amenaza al sistema financiero y su estabilidad. El país y la región navegan por aguas desconocidas y es por eso que la colaboración entre el Gobierno, la industria y la sociedad civil se vuelve esencial. Un diálogo abierto y constructivo entre los entusiastas de los cripto-activos y sus críticos es fundamental para encontrar soluciones equitativas y efectivas.
Nuestro país tiene la oportunidad de liderar la región en la adopción de tecnologías blockchain y la tokenización, lo que requerirá no solo innovación tecnológica, sino también innovación en políticas y regulaciones. En un mundo cripto que ha presenciado divisiones, Costa Rica puede construir puentes hacia un futuro financiero más inclusivo y transparente.