En Costa Rica, los números son devastadores: 19 femicidios en lo que va de 2024. Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una familia destruida y, como revelaron recientemente las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 15 menores que quedaron huérfanos de madre. La violencia contra la mujer no solo cobra la vida de la víctima directa, deja una estela de dolor que afecta a generaciones enteras.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ha implementado una iniciativa innovadora: la distribución de 800 dispositivos GPS para mujeres en situación de riesgo. Estos pequeños aparatos, que funcionan como un botón de pánico georreferenciado son efectivos.
Como lo señaló la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, hay casos concretos en que la respuesta oportuna de la Fuerza Pública, gracias a estas alertas, ha evitado desenlaces fatales.
Sin embargo, una reciente auditoría interna del Inamu ha revelado preocupantes falencias en el seguimiento del programa. Se han encontrado dispositivos apagados durante años, sin que nadie verificara el estado de sus usuarias. Esta situación plantea preguntas inquietantes sobre la efectividad real del programa y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguimiento.
El problema de fondo va más allá de la tecnología. Cuando analizamos las estadísticas de los últimos cinco años -30 femicidios en 2020, 20 en 2021, 23 en 2022, 24 en 2023 y ya 19 en lo que va de 2024- es evidente que estamos ante una crisis que requiere una respuesta integral y urgente de la sociedad costarricense.
La reciente tragedia en Purral de Goicoechea, donde una mujer recibió 10 puñaladas mortales, nos recuerda la brutalidad de esta violencia. Pero más allá del horror inmediato, debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir estos crímenes? ¿Cómo protegemos a las víctimas colaterales, especialmente a los menores de edad que quedan huérfanos?
La Ley de Reparación para Víctimas Sobrevivientes de Femicidios es un paso en la dirección correcta, al priorizar la integración de los menores con sus familias maternas. No obstante, necesitamos más.
Se requiere legislación que garantice apoyo psicológico, económico y social a largo plazo para estos niños y adolescentes. También, programas que rompan el ciclo de la violencia y eviten su perpetuación en futuras generaciones.
Es imperativo fortalecer el marco legal existente, pero también debemos trabajar en la prevención.
