A dos años de haber iniciado el gobierno de Rodrigo Chaves, el economista Fernando Rodríguez asegura que el país está pagando un enorme precio por la política tan restrictiva en materia fiscal.
Rodríguez es el coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y aseguró que la reforma fiscal que impuso la administración anterior y continuó la actual representa un cambio muy acelerado para el país.
Comparó la situación con una persona que quiere bajar de peso y hace una dieta para perder la grasa en dos semanas, pero corre un enorme riesgo de salud.
El especialista explicó: “Particularmente en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones”.
¿Cómo encuentra la situación fiscal del país?
-Se está logrando una serie de avances en materia fiscal, sin embargo, los logros vienen con una disminución de los recursos que se destinan al gasto social. Lo está logrando con una disminución de la inversión, con un congelamiento salarial que lleva ya cuatro años. La recaudación de impuestos ya está empezando a resentirse y a disminuir levemente. Logramos vernos bien, pero haciendo sacrificios que van a salir caros más adelante.
¿Cuál es el costo de estas medidas en lo económico y en lo social?
-Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto nos va a costar más adelante este desfinanciamiento en educación, carreteras, seguridad, ayudas sociales? Hay lugares donde el Estado ha desaparecido y las bandas criminales están tomando su lugar. Los jóvenes que no tienen espacio para una inserción social terminan entrando a estas organizaciones.
¿Cuál es el riesgo?
-Cada vez que algún país ha decidido ahorrarse en la inversión estratégica en su población en diferentes áreas terminó pagándolo más caro. Nosotros habíamos logrado como nación, durante varias décadas, mantener un ritmo de desarrollo humano en crecimiento; habíamos llegado a ser un país de alto desarrollo humano y ahora estamos arriesgando que eso se nos deteriore si no recuperamos esos espacios.
¿Cuánto afecta a la inversión la regla fiscal?
-La regla en teoría debía permitirnos que el gasto creciera de una manera más ordenada, pero el primer gran error fue que en 2020 en medio de la crisis económica que nos llevó la pandemia debimos haber suspendido la aplicación. Legalmente lo podíamos hacer, pero no se hizo. El otro error fue que nos fuimos a la parte más restrictiva de la aplicación de la regla, o sea, tenemos que aplicarla tanto en los presupuestos como en los recursos ejecutados y esto fue culpa de la interpretación de la Contraloría. Finalmente, nos equivocamos porque la aplicamos por instituciones y no por líneas de inversión, diciendo cuáles líneas eran estratégicas para no estar afectadas por ella.
¿Existe todavía el Estado social de derecho?
-Sí, pero muy debilitado porque esto no es una declaración, o sea, decir que en Costa Rica hay un Estado social de derecho. Este debe tener un financiamiento para que se pueda ejercer. Pero ahí está, se resiste a morir porque existe un marco legal que permite a las personas reclamar derechos como la salud y la educación.
¿Estos problemas qué efectos tienen sobre la cohesión social?
-El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde hace varios años ha venido señalando como uno de los factores explicativos de la violencia a la desigualdad. Entonces aquellas sociedades que se han visto sometidas a problemas serios, durante un tiempo prolongado, terminan provocando deterioros en las condiciones de desigualdad del país. Eventualmente empiezan a tener problemas de seguridad por violencia. La gente lo último que puede perder es la esperanza y cuando eso llega a ocurrir la situación puede terminar en problemas más serios.