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Ha sido noticia a nivel mundial el fallecimiento de Maricarmen Abascal, una anciana española que fue desalojada de su hogar. Según se reportó el alquiler que debía cubrir subió 5 veces su valor, haciendo imposible que ella, una mujer de la tercera edad, pudiera cubrirlo. Por 70 años ella había pagado puntualmente el arrendamiento, pero eso no la hacía propietaria y tras su desalojo fue trasladada al Hospital Gregorio Marañon donde murió dos semanas más tarde. Doña Maricarmen ganó la batalla legal que por 7 años minó su salud seriamente y si bien pudo haber regresado a su hogar, la resolución llegó demasiado tarde. Su lucha no fue en vano, este es el primer caso en el que a una persona desalojada se le permite regresar a su casa, sentando un importante precedente legar para miles de familias.
Hoy doña Mari Carmen, es el símbolo de la crisis de vivienda que enfrentan muchos países en los que los costos y los alquileres de las casas se han disparado, situación que atenta contra la estabilidad y el bienestar económico y patrimonial de las familias. La OMS, ha señalado que vivir en un entorno estable apoya la salud mental de las personas y tener un hogar propio no solo garantiza estabilidad y seguridad, da sentido de pertenencia y fortalece la convivencia familiar.
Las circunstancias en que fallece esta anciana de 87 años son dolorosas, pues al no ser dueña de la casa que había habitado desde su adolescencia, quedó totalmente desamparada y pudo ser desalojada. En nuestro país, pequeño y en vías de desarrollo, hace más de 80 años se previó la necesidad de dotar de acceso a la vivienda a las clases menos favorecidas y hacerlas propietarias. El primer Programa de Casas Baratas de la Administración Calderón Guardia, permitió que miles de ciudadanos pudieran convertirse en dueños, garantizando así la estabilidad y la seguridad de las clases trabajadoras y sus familias.
Años más tarde, en 1954, durante el gobierno del presidente Figueres, el programa evolucionó en una institución autónoma del Estado: el Instituto de Vivienda y Urbanismo, (INVU), creada por Ley 1788, cuya misión es facilitar el acceso a vivienda propia mediante el Sistema de Ahorro y Préstamo. Hoy en día más de 143,000 familias se han visto beneficiadas, en distintos puntos del país, gracias a los préstamos otorgados por esta institución.
En la década de los 80, Costa Rica enfrentó una severa crisis económica que provocó la proliferación de tugurios y precarios, saturando la demanda de vivienda; ante esta realidad el gobierno de Oscar Arias impuso una reforma estructural para unificar esfuerzos bajo un solo sistema público. Se introdujo al sector privado en el desarrollo de vivienda social y se creó, mediante Ley 7052, el Banco Hipotecario de la Vivienda, (BANHVI), cuyo principal objetivo era crear un modelo de subsidio directo del Estado para apoyar a las familias con menores ingresos.
Esta modalidad facilitó la construcción y el acceso a la vivienda popular, sin embargo, aún quedaban por fuera sectores que necesitan una modalidad distinta que les permita adquirir una casa a pesar de su pobreza extrema e indigencia, familias sin capacidad para cubrir cuotas mínimas. Durante la Administración Calderón Fournier en 1990, se creó el Bono Gratuito de Vivienda, una donación gratuita que otorga el Estado, a través del BANHVI, que permite a las familias completar el monto a pagar de las cuotas del préstamo bancario. Cada caso es distinto y el porcentaje de apoyo se otorga de acuerdo con el ingreso familiar. Hoy más de 400 mil familias de bajos recursos se han visto beneficiadas y han podido adquirir, construir o reparar sus casas cumpliendo requisitos como que exista un núcleo familiar, no tener casa propia y no haber recibido antes ningún bono de vivienda. En ese mismo período se estableció el programa de Vivienda para la Tercera Edad, mediante el cual se otorgaba el usufructo de por vida de una vivienda a personas adultas mayores sin recursos. A través del IMAS y con la ayuda de organizaciones sociales y grupos voluntarios se les apoyaba con el pago de agua y luz, así como la dotación de alimentos y recursos básicos para su sobrevivencia en forma digna. A su fallecimiento el hogar era reasignado a otra persona o pareja de ancianos en condición de pobreza, abandono o indigencia.
En Costa Rica los sectores más vulnerables de nuestra sociedad tienen la posibilidad de convertirse en propietarios gracias a la visión y el respaldo de un pueblo solidario y sus autoridades que entendieron que todas las familias tienen el derecho de ser dueño de su hogar y desde hace más de 80 años, mediante mecanismos de protección, crédito y programas habitacionales, han hecho realidad el sueño de miles de costarricenses que hoy tienen casa propia… un hogar del cual no pueden ser desalojados como doña Maricarmen.