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La salud mental constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de salud contemporáneos. Su abordaje requiere mucho más que campañas de sensibilización, declaraciones institucionales o compromisos establecidos en documentos oficiales. Demanda políticas públicas sostenibles, inversión, coordinación interinstitucional y, fundamentalmente, resultados que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.
En Costa Rica, la discusión sobre salud mental ha adquirido una mayor relevancia en la agenda pública. La existencia de la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 y su Plan de Acción 2025-2029 representa un avance importante en el reconocimiento de esta materia como una responsabilidad del Estado. Estos instrumentos establecen una ruta para fortalecer la promoción, prevención, atención y recuperación de la salud mental desde una perspectiva integral y de derechos humanos.
Asimismo, resulta oportuno reconocer los esfuerzos desarrollados recientemente desde la Asamblea Legislativa, mediante la realización de un foro dedicado al análisis y discusión de la salud mental el pasado 26 de octubre un foro organizado por el Despacho del Diputado Víctor Hidalgo, SIPROCIMECA, TeenSmart International y la Universidad en el Salón de Jefes de Estado, Expresidentes y Expresidenta. Este tipo de iniciativas merece ser valorado positivamente, pues contribuye a posicionar una problemática de interés nacional, promover el intercambio de conocimientos y abrir espacios para la construcción de propuestas que permitan fortalecer la respuesta institucional.
La participación del Poder Legislativo en estas discusiones es especialmente relevante, considerando que muchas de las transformaciones necesarias requieren respaldo normativo, asignación de recursos y mecanismos de seguimiento. Sin embargo, el verdadero alcance de estos espacios dependerá de su capacidad para generar propuestas viables y acciones sostenibles.
Pese a estos avances, persisten desafíos importantes en materia de acceso oportuno a los servicios. Según información divulgada en julio de 2026, más de 30.500 personas se encontraban en listas de espera para recibir atención psicológica en la Caja Costarricense de Seguro Social, con un tiempo promedio de espera de 182 días.
Estas cifras evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud. La atención psicológica oportuna constituye un componente esencial para la prevención del agravamiento de distintas condiciones, la reducción del sufrimiento emocional y la protección del bienestar individual, familiar y comunitario.
A ello se suma el comportamiento de los diagnósticos de depresión registrados en el país. De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Salud, estos pasaron de 4.237 en 2018 a 10.427 en 2025, lo que representa un incremento acumulado del 146,1 %. Aunque estos datos deben interpretarse considerando posibles variaciones en los procesos de detección, diagnóstico y registro, constituyen un elemento relevante para el análisis de las necesidades actuales de atención.
La respuesta ante este panorama no puede limitarse al fortalecimiento de los servicios especializados. Resulta indispensable consolidar estrategias de promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, identificación temprana de factores de riesgo y desarrollo de intervenciones comunitarias.
En este sentido, el primer nivel de atención representa un espacio estratégico para acercar los servicios a la población, favorecer la continuidad de los procesos de atención y desarrollar acciones preventivas articuladas con los distintos actores sociales.
De igual manera, las particularidades territoriales deben ocupar un lugar prioritario en la planificación sanitaria. Las comunidades rurales enfrentan condiciones específicas relacionadas con la accesibilidad geográfica, la disponibilidad de recursos profesionales y las oportunidades de atención, por lo que resulta necesario fortalecer modelos de intervención ajustados a sus realidades.
Otro elemento fundamental corresponde a los determinantes sociales de la salud mental. Factores como la pobreza, el desempleo, la violencia, la exclusión social, las dificultades económicas y la desigualdad pueden incrementar la exposición a situaciones de vulnerabilidad psicosocial. Por tanto, la protección de la salud mental no constituye una responsabilidad exclusiva de los servicios sanitarios, sino una tarea compartida entre diferentes instituciones y sectores de la sociedad.
En consecuencia, resulta necesario avanzar hacia una gestión pública que priorice la articulación intersectorial, la asignación eficiente de recursos, el fortalecimiento del talento humano y la evaluación sistemática de los resultados.
La implementación de políticas públicas debe acompañarse de indicadores que permitan determinar no solamente el cumplimiento de actividades programadas, sino también su impacto en la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la atención.
Costa Rica cuenta con instrumentos de planificación, profesionales comprometidos y espacios de discusión que constituyen una base importante para avanzar. Reconocer estos esfuerzos es necesario, pero también lo es identificar las brechas existentes y promover decisiones que permitan reducirlas progresivamente.
La salud mental debe consolidarse como una prioridad permanente dentro de la agenda nacional, más allá de las fechas conmemorativas y de las discusiones coyunturales.
El desafío no consiste únicamente en reconocer su importancia, sino en garantizar que ese reconocimiento se refleje en servicios accesibles, acciones preventivas, recursos suficientes y oportunidades reales de atención para todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o lugar de residencia.
El éxito de una política pública de salud mental no se mide solamente por su formulación o por las actividades ejecutadas, sino por su capacidad de producir cambios verificables en el bienestar de la población.
Costa Rica ha avanzado en la construcción de una ruta. El siguiente paso es garantizar que esa ruta se traduzca en resultados concretos, sostenibles y equitativos.
Porque fortalecer la salud mental no representa únicamente una inversión sanitaria, sino una inversión en el desarrollo humano y social del país.