La responsabilidad social de los Colegios Profesionales de Costa Rica

Los colegios profesionales son entidades de Derecho Público creadas por ley, el Estado les delega la regulación y control del ejercicio profesional, además tienen fines privados de interés únicamente para sus agremiados.

En Costa Rica se tienen registrados 32 Colegios Profesionales debidamente amparados por ley, todos cuentan con un código deontológico que les sirve de ayuda para para el ejercicio profesional. Su regulación le compete a la Procuraduría General de la Republica, “órgano de la Administración Pública encargada de desarrollar funciones nivel jurídico en materia asesora, consultiva, litigiosa, notarial, investigadora, informativa y preventiva para resguardar los intereses del Estado, proteger el medio ambiente, promover la probidad en el ejercicio de la función pública, garantizar la seguridad jurídica y el respeto al principio de legalidad, en pro del buen y eficiente funcionamiento de la Administración Pública y en beneficio de la sociedad costarricense”.

La sociedad costarricense a través del tiempo se ha visto beneficiada sabiendo que cuando recibe un servicio profesional, se garantiza de saber de que quien lo brinda es una persona idónea que ha cumplido con todos los requisitos reglamentarios que la carrera respectiva le exige. Sin embargo, también debo señalar que no todo acto de contratación de un profesional es confiable, lamentablemente la corrupción y la mala praxis han permeado a muchos profesionales que, valiéndose de su condición de experto en una materia, se aprovechan para cometer estafas o brindar servicios de mala calidad anteponiendo el dinero.

Muy pocos Colegios Profesionales se ocupan y preocupan por devolver a la sociedad parte de lo que la misma sociedad les ha brindado, se desvelan por crear dentro de sus organizaciones complejas estructuras administrativas que, en vez de beneficiar a sus agremiados y clientes, más bien los perjudican, eso se ve reflejado en el cobro de tarifas abusivas y en actos de corrupción al no extender (en algunos casos) la respectiva factura electrónica, cometiendo así doble robo, al Estado y al cliente.

Es conocido y notorio que muchos colegios profesionales se han convertido en selectos clubes sociales, dominados por grupitos de poder que se alternan periodos en juntas directivas, gozan de un segundo salario a base de dietas cargadas de sesiones extraordinarias y de otros tantos beneficios.

En la gran mayoría de los Colegios Profesionales la responsabilidad social es mínima o del todo no existe. La ciudadanía necesita un papel más sobresaliente en el accionar de estos gremios, más participación en la vida política y comunitaria, proponer proyectos de ley que beneficien al país, brindar asesorías populares a los más necesitados, brindar charlas de prevención social en escuelas, colegios y universidades e instituciones privadas de bien común, colaborar en la formulación de políticas públicas ante los poderes competentes, trabajar más por la sociedad civil que les brindó oportunidades de estudio y devolver con agradecimiento lo recibido, entre muchas otras acciones de bien social que por razones de espacio no incluyo en este artículo de opinión. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEBE CONVERTIRSE EN UNA META OBLIGATORIA Y NO UNA ESPERANZA OBLIGADA.

*Criminólogo de profesión – MAP