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En temas de responsabilidad, nuestro ordenamiento jurídico prevé dos tipos: por un lado la subjetiva consagrada en el artículo 1045 del Código Civil que consiste básicamente en la concurrencia y demostración del dolo (querer realizar una acción) o culpa (negligencia/falta al deber de cuidado) por parte del productor del hecho dañoso y, por otro lado, la objetiva, que consiste groso modo en que, independientemente de si existe culpa o dolo, el actor del hecho dañoso debe responder por la connotación del servicio prestado, la cual se encuentra regulada en el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y se aplica para las relaciones de consumo financiero.
Nuestros legisladores, a la hora de crear la Ley 7472, determinaron que era de suma importancia efectuar una normativa que fuera verdaderamente enfocada en la protección del consumidor, ya que esta es la parte débil de la relación de consumo, por lo que decidieron implementar el régimen de responsabilidad objetiva para mitigar las asimetrías en las relaciones de consumo.
El artículo 35 de dicha ley estipula: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño (…)”.
Según la norma, cuando el consumidor se vea afectado por una conducta atribuible al comerciante, productor o proveedor, estos últimos deberán responder por dicho daño, a menos de que demuestren que son ajenos al daño, en cuyo caso tendrán la carga de la prueba (demostrar que hubo una eximente de responsabilidad).
Ahora bien, esto no quiere decir que el consumidor se encuentra exento del deber probatorio, por el contrario, el consumidor debe de demostrar que existe un daño y que media un nexo de causalidad que vincule a la conducta lesiva con el daño producido. Hay que dejar claro que este nexo causal puede romperse en el tanto la parte que se le imputa el daño demuestre que ha sido ajeno al daño, es decir, demostrar las eximentes de responsabilidad: culpa de la víctima, hecho de un tercero y fuerza mayor.
La implementación de este régimen de responsabilidad es muy común en temas de fraudes electrónicos o de tarjetas de crédito y débito; falta de información; aplicabilidad de pólizas y cobro de comisiones.
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*Abogado Oficina del Consumidor Financiero