El 3 de agosto del año 2011 presenté ante la Defensoría de los Habitantes denuncia formal, con copia a la Contraloría General de la República (CGR), sobre la forma en que se había venido desarrollando la idea de construir una nueva planta de refinación por parte de una empresa conjunta denominada Soresco, conformada por una alianza entre Recope y la empresa china CNPC International Ltd. denominada CNPCI.
En esta denuncia establecía los criterios financieros y económicos, que nos conducían a dudar de que esta idea llegase a tener un beneficio para el país en sus aspectos económicos; y menos aún, en una disminución en los precios internos de venta de los combustibles.
Pero además denunciaba que lo resuelto por la CGR – DJ 0937 de 2 de septiembre del 2009- no estaba acorde con el principio del servicio al coste que toda entidad pública debe respetar. Por cuanto en el refrendo que otorgaba el ente contralor a la empresa Soresco se establecía que en el desarrollo del eventual proyecto se debería obtener una Tasa Interna de Retorno del 16%. Con lo cual, de hecho, se estaba autorizando explícitamente a que Recope, como parte de Soresco, obtuviese una utilidad financiera exagerada en la venta de combustibles.
Mi denuncia, en este sentido, era por el hecho de que la Contraloría debió haber condicionado el desarrollo de esa idea, como condición sine qua non, que los consumidores fueran favorecidos con una reducción de los precios internos de venta.
Tuvieron que pasar casi dos años de esa denuncia para que el ente contralor emitiera una resolución por medio de la cual se indica que la contratación del estudio de factibilidad realizado por una empresa afiliada a la CNPC (casa matriz de la CNPCI y, por tanto, de Soresco) era ilegal, y que además los resultados del estudio económico no eran aceptables.
Estudios de factibilidad que fueron pagados con recursos que fueron refrendados oportunamente por la misma CGR.
Faltó eso sí decir a la señora Contralora, que el análisis del estudio de factibilidad lo realizó el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas, a petición de la CGR, para lo cual se deben haber gastado recursos del Estado, a pesar de que la Contraloría tiene una sección especializada en esos asuntos.
Mi denuncia llevaba copia también a la ARESEP y todavía nos falta saber en forma oficial, cuál ha sido el mecanismo para que Recope obtuviera los recursos necesarios para los aportes a Soresco y, por ende, el pago de ese contrato ilegal que se realizara.
Aunque desde luego es obvio que esos recursos provienen del pago de los combustibles que hacemos todos los consumidores.
Gastos de operación. Ahora, tanto el ministro René Castro, miembro de la Junta Directiva de Recope, como la propia Presidenta de la República, abogan para que se continúe con la idea de una nueva planta de refinación por parte de Recope. Sin querer percatarse de que precisamente uno de los factores técnicos que inciden en los resultados negativos del estudio de factibilidad financiero es el tamaño de la planta. Y que con el ahorro que significaría sustituir la importación de productos terminados por crudo no es suficiente para cubrir los nuevos gastos de operación de la refinería.
Que posiblemente habría que obtener una donación de unos $1.000 millones para que el proyecto sea factible y no incida en un aumento inminente de los precios de venta de los combustibles.
Y mientras tanto, Soresco sigue gastando los recursos que todos los consumidores aportamos a través del pago de los combustibles (alquileres de lujo, salarios, beneficios, viajes a China en grandes cantidades hasta de funcionarios administrativos, viáticos, pagos de vacaciones, etc.). Y hasta los gastos de lujo en la recepción que se le hizo al Presidente de China, y el colmo: pagar a un abogado externo de Recope por la revisión del contrato de arrendamiento por un monto de ¢14.5 millones, teniendo Recope y Soresco una planilla de lujo en materia jurídica.
Parar los gastos. La señora Presidenta, el señor René Castro y principalmente la CGR, deberían ocuparse en estos momentos de suspender de inmediato los gastos de Soresco. Porque de acuerdo con la resolución del ente contralor, siendo la contratación de los estudios ilegal, todo gasto posterior no debería ser aceptado.
Tanto el Poder Ejecutivo como la CGR deberían estar analizando la forma de cómo devolver a los consumidores aquellos dineros –parte de los $50 millones- que se han gastado ilegal e innecesariamente en una idea que nunca llegó a ser proyecto.
Y también deberían ocuparse en la formulación de un proyecto de movilidad laboral, de manera que se pueda disminuir la planilla de Recope, en el tanto que ya no existe la antigua planta de refinación y tampoco la habrá en el futuro; y posiblemente existan unos 400 empleados que no tienen labores que realizar.
*Economista