La reforma que debilita el control interno y pone en riesgo a la Hacienda Pública

MBA. Lidiette Cruz Rodríguez

Contadora Pública Autorizada

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

La reforma a la Ley General de Control Interno, introducida mediante la Ley N.°10.881, ha despertado preocupación entre especialistas en auditoría y control público debido a los posibles efectos que podría tener sobre la independencia y eficacia de las auditorías internas en las instituciones del Estado.

Según advierten los autores, la modificación de varios artículos de la ley podría debilitar el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por las auditorías internas. La incorporación de términos que sugieren facultad o discrecionalidad, en lugar de obligatoriedad, abre la posibilidad de que las observaciones y medidas correctivas sean interpretadas como simples sugerencias, reduciendo su capacidad preventiva y correctiva.

Las auditorías internas cumplen una función esencial en la detección temprana de riesgos, irregularidades y debilidades en áreas como la contratación administrativa, la ejecución presupuestaria, la gestión financiera y la protección de los recursos públicos. Por ello, la independencia funcional y técnica de estos órganos constituye una garantía para la ciudadanía y para la adecuada protección de la Hacienda Pública.

Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de que los jerarcas institucionales evalúen no solo al auditor y subauditor internos, sino también al personal completo de las auditorías. Esta disposición podría generar mecanismos indirectos de presión o subordinación que comprometan la objetividad e independencia necesarias para ejercer labores de fiscalización.

La preocupación también alcanza al ámbito municipal. La reforma al artículo 52 del Código Municipal permitiría sustituir al auditor interno mediante mecanismos alternativos de control o fiscalización. 

Diversos criterios técnicos han advertido que esta medida podría debilitar la continuidad, especialización e independencia de la supervisión sobre la gestión municipal.

Los autores recuerdan que tanto el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica como la Contraloría General de la República habían señalado previamente los riesgos institucionales asociados a estas modificaciones. Asimismo, reconocen la presentación del proyecto legislativo N.°25.589 como una iniciativa orientada a corregir algunos de los efectos de la reforma, aunque consideran que persisten dudas sobre si los cambios propuestos serán suficientes. 

El análisis concluye que Costa Rica requiere un sistema de control interno sólido, preventivo e independiente, que garantice el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de auditoría, proteja la autonomía funcional del personal auditor y fortalezca la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos. Debilitar estos mecanismos, señalan, incrementa los riesgos de ineficiencia, mala gestión y afectación al patrimonio del Estado, cuyos costos terminan siendo asumidos por la ciudadanía.