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La reforma judicial es una necesidad urgente y no es, en absoluto, un tema nuevo. Lo nuevo es el ataque feroz del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial.
Eso lo saben los magistrados, el Colegio de Abogados, los abogados y quienes recurren a los tribunales de justicia en búsqueda de “justicia pronta y cumplida”, como fue razonablemente antes y debe ser siempre en Costa Rica.
Igual sucede con la necesaria, urgente y siempre pospuesta reforma del Estado costarricense.
Son cuatro los pilares estructurales y funcionales de esta reforma judicial:
1. Que la Corte Suprema se dedique a los temas estrictamente judiciales. La administración del Poder Judicial debe pasar integralmente, y no de mentirillas como ahora, a un Consejo Superior de Administración y a un director general. Los magistrados deben dejar de perder su tiempo en luchas de poder y nombramientos internos, construcciones, licitaciones y en innumerables comisiones sobre todos los temas imaginables y posibles. La obligación y el tema de los jueces, en todas las instancias y jurisdicciones, debe ser “hacer justicia pronta y cumplida” y no administrar.
2. La Sala Constitucional no debe ser parte de la Corte Suprema, y es necesario estructurar una jurisdicción constitucional independiente y por instancias, como en el resto de las jurisdicciones. Así es en España y otros países. Las razones son de mucho peso: la Sala Constitucional interpreta la Constitución Política, resuelve conflictos y confrontaciones entre los Poderes del Estado y es el más alto instrumento de justicia en las relaciones entre los ciudadanos y el enorme poder del Estado, para controlar abusos políticos e imposiciones ilegales y arbitrarias de los gobernantes, y hacer efectivo el Estado de derecho.
3. Urge una reforma de eficiencia en los servicios judiciales, sobre aspectos funcionales y operativos, así como de la Escuela Judicial, para una permanente capacitación de jueces, secretarios y personal de los tribunales, fiscales y agentes del OIJ, y hasta simplificar la estructura, el tamaño y los plazos para dictar las sentencias. Esa propuesta debería hacerla el propio Poder Judicial.
4. Debemos, como política nacional, fortalecer la solución alternativa de conflictos, en centros de negociación fuera del Poder Judicial, en un país en que se judicializan todos los conflictos económicos, sociales, familiares, laborales, y los tribunales de justicia están abarrotados por casos que perfectamente podrían resolverse por negociación directa y regulada entre las partes y sus abogados, para ser luego homologadas jurisdiccionalmente.
En Costa Rica, y no al estilo mexicano, necesitamos reformas serias, estructurales y funcionales, acabar con tanta demagogia política, luchas antidemocráticas de poder y hacer una verdadera y positiva reforma judicial.
¿Y usted qué opina?