Las organizaciones sindicales son parte esencial del sistema democrático. De la misma forma que la organización de los sectores empresariales, gremiales y profesionales. Quien no entienda y acepte esto, no es un demócrata.
Como tampoco es demócrata el que niega los partidos políticos, en todas sus tendencias imaginables, sean de izquierdas, centro o derechas, progresistas o conservadoras, en una sociedad abierta y en un Estado de Derecho.
En este contexto, los sindicatos hicieron una propuesta sobre la crisis fiscal.
La propuesta, conceptualmente, se opone a la necesaria apertura e inserción de nuestro país en la economía globalizada y desconoce que, para un país pequeño como el nuestro, la única opción viable y realista de desarrollo es profundizar y ampliar esa apertura y abrirnos, aún más, a una economía de servicios, potenciando nuestras grandes fortalezas, estimulando los pequeños y medianos emprendedores y al sector privado productor y exportador.
No veo otro camino. Retroceder al proteccionismo y no realizar una reforma integral y funcional del Estado sería un gravísimo error para Costa Rica.
Pero hay dos puntos fundamentales de esa propuesta, totalmente ciertos:
1.- El tema de las aduanas. Al igual que los sindicalistas y como parte de mi experiencia en el Ministerio de Seguridad Pública, estoy convencido de que en Aduanas hay una enorme corrupción y que el mecanismo de la subfacturación, el contrabando y otras matráfulas aduaneras son una de las principales causas del enorme hueco fiscal. Sin duda, varios puntos del PIB y de los ingresos fiscales se evaporan en las aduanas, en perjuicio de los importadores honestos y de los consumidores que pagan altos precios por productos subfacturados o contrabandeados. El mercado interno está distorsionado en los precios al consumidor en varios rubros y hasta en productos fundamentales y no solo en cigarrillos y licores. Ahí se requiere fuerte acción estatal.
2.- El tema de las tarjetas de crédito. Coincido y apoyo a los sindicalistas cuando dicen que intereses del 50% al 55% son usura y que, en este país, una de las mayores cargas del presupuesto familiar es el pago de esas tarjetas. Aquí tiene que haber intervención estatal y el Gobierno del presidente Alvarado debería dictar una directriz obligatoria a los bancos públicos para reducir, drásticamente, los intereses de sus propias tarjetas y generarle activa competencia a esa usura plástica. Esta es otra urgente acción estatal.
Al final habrá nuevos impuestos, porque es una imperiosa necesidad nacional.
Lo que la ciudadanía exige, aunque se opongan los sindicatos, es que también tengamos estricto control del gasto público, ajustes significativos en los altos salarios y pluses de los burócratas y la eliminación de las pensiones de lujo.
Esa es la otra cara de la moneda: ajuste de impuestos, pero igualmente efectivos y sostenibles controles y fuerte contención del gasto público, así como reforma integral del Estado Costarricense y sus 300 instituciones.
Solo así, los partidos del paradójico cogobierno actual, al que se ha unido un irreconocible y dividido PLN, salvarán cara y honor frente a la ciudadanía.
Pero eso está por verse…