La presentación del presupuesto nacional para 2025 generó preocupación entre los diputados, quienes aseguran que el Gobierno no está interesado en invertir en materias social y educativa.
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, afirmó que el Poder Ejecutivo prefiere salir bien parado con las empresas calificadoras que destinar recursos a la población.
“Hay una prioridad en este Gobierno, que es salir bien parado en las calificaciones de riesgo, y eso es bueno, pero eso son cifras económicas, lo otro, lo social, son seres humanos.
Aquí hay que balancear y tener en esa ecuación que hay seres humanos que están pasando dificultades grandes, que la no inversión en educación puede afectar hasta una década, como tuvimos la experiencia de los 80, que después es irrecuperable.
Ya hay una reducción en programas de educación, salud. ¡Es insostenible! Es urgente que, dentro de este presupuesto y metas, se abra mayor espacio a la inversión social.
Se está haciendo un esfuerzo para mejorar, pero mi sentimiento es que debemos ser más profundos y no permitir que se nos deteriore el Estado social de derecho. Debe haber un balance para que el país no se pierda”, dijo Arias en presencia de Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
El verdiblanco agregó que es “penoso” que el Gobierno esté priorizando los recursos para deuda o calificadoras de riesgo cuando hay jóvenes sin becas, se están cerrando redes de cuido y existen escuelas deterioradas.
Además dijo que no invertir en educación es el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales tomen fuerza.
“Ante una situación fiscal como la que tenemos el narco tiene la mesa servida. Si el barco se hunde, nos vamos todos juntos”, sentenció.
Criterio similar emitió Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
“(Dicen que) si los diputados quieren reducir de una partida, les corresponderá a ellos decir de dónde porque el presupuesto ya está equilibrado. La formulación del presupuesto es responsabilidad del Gobierno central, así como definir las prioridades.
Sí queda claro que la educación no fue una prioridad para este Gobierno. No aumentarle ni siquiera al nivel de inflación el incremento del FEES significa que no hay interés por fortalecer el presupuesto de Educación”, manifestó la liberacionista.
INVERSIÓN SOCIAL
Vale señalar que el Ministerio de Hacienda incorporó ¢62.000 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que no había incorporado en materia social.
Acosta aseguró que el Ejecutivo está interesado en materia social, sin embargo, omitió indicar que la Sala Constitucional fue quien obligó que los recursos se presupuestaran para 2025.
Cabe señalar que dicho fondo financia programas como Avancemos, Red de Cuido, subsidios para personas adultas mayores y bonos de vivienda.
También atiende adultos mayores, niñez en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.
El no giro de recursos al Fodesaf generó afectaciones directas a varios sectores de la población. Uno de ellos es el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico de la Caja Costarricense de Seguro Social.
A este programa, creado para garantizar un ingreso mínimo, especialmente a los adultos mayores en condición de pobreza que no cuentan con otra fuente de ingresos, se le dejó de asignar más de ¢6.430 millones que podrían destinarse a financiar nuevas pensiones para personas en condición de pobreza extrema o en su defecto incrementar el monto de las ya existentes.
Otro afectado es el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), a cargo del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), no obstante, se le ha dejado de girar ¢11.227 millones.
Uno de los programas más golpeados es el de Comedores Escolares, a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual, producto de la decisión de Hacienda, no ha recibido más de ¢3.218 millones.
En materia de niñez, a la Red de Cuido y otros programas a cargo del Patronato Nacional de la Infancia no se les entregaron más de ¢2.485 millones.