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La conmemoración del llamado orgullo LGBTIQA+, durante el mes de junio, tiene su origen en el estallido ocurrido en Nueva York, Estados Unidos, cuando grupos de personas con diversas orientaciones, identidades, expresiones y corporalidades se rebelaron frente a la vulnerabilidad impuesta por el propio Estado.
Ese contexto tuvo como propósito y consecuencia despojarles del ejercicio pleno de sus derechos, desdibujar toda dignidad y valor humano y asegurar su invisibilización. En otras palabras, se vivenció como una muerte social que aún persiste.
Garantizar escenarios de inclusión, equidad e igualdad, desde los cuales se reconozca la diversidad como parte de la esencia misma de las personas, es coherente con las ratificaciones y la legislación vigente en el país. Por ello, no existe criterio legal alguno que justifique el menosprecio social, la violencia ni la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTIQA+.
Sin embargo, la carencia histórica perpetuada ha sido la falta de comprensión social hacia la diversidad humana. Las normas impuestas desde los sistemas de dominación se apegan al binarismo y a la heteronormatividad, sesgando así la realidad con un claro contenido político.
Aportar estadísticas actualizadas sobre esta población continúa siendo un reto. La ausencia de datos oficiales mantiene el enfoque binario en los procesos de consulta. No se cuenta con cifras que permitan identificar cuántas personas LGBTIQA+ viven en el país, cuál es el estado de sus derechos ni qué elementos son necesarios para garantizar su bienestar.
En esta línea, resulta necesario comprender que la historia nacional y latinoamericana deja en evidencia un hecho social de los últimos años: los avances en la protección de derechos de la población LGBTIQA+ se encuentran en retroceso y son objeto de constantes cuestionamientos. Por tanto, una de las principales amenazas que el Estado y la sociedad costarricense deben reconocer es el contexto político y social actual, cuyo objetivo parece ser cuestionar, revertir e invisibilizar la existencia social de este grupo poblacional.
Esto se refleja en:
• El descarte del proyecto de ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex
• La pausa en la figura de la persona comisionada de Inclusión Social, que atendía la violencia y discriminación contra esta población
• La falta de una prohibición legal sobre las terapias de conversión y la ausencia de restricciones a las intervenciones quirúrgicas innecesarias en menores de edad intersexuales
• La inacción estatal frente a recomendaciones de diversos comités de Naciones Unidas, como promover el acceso de mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales al empleo formal
• La falta de campañas eficaces contra el discurso de odio, el hostigamiento, la intimidación y las imágenes negativas dirigidas a personas menores de edad lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales
El Trabajo Social, como profesión, responde a principios como la democracia participativa, el respeto a la diversidad, la justicia social, la autonomía, la equidad de género, la solidaridad y la prevención.
Si bien cada persona tiene el derecho de asumir una posición respecto a estos temas, esto no exime al gremio de su deber profesional y ético-político de respetar y promover el acceso a los derechos humanos.
No existe argumento moral, religioso, cultural ni ético que justifique el menosprecio por la vida de la población LGBTIQA+, ni las acciones de invisibilización y negación que intentan perpetuar su muerte social.