En Costa Rica hay entre 45.000 y 70.000 hectáreas sembradas de piña. La preferencia de los consumidores internacionales por el producto costarricense motiva grandes inversiones en esa fruta. Sin embargo, existe una relación innegable entre el acelerado crecimiento de las hectáreas dedicadas al monocultivo de la piña y las afectaciones negativas al ambiente y a la salud humana.
Como ejemplo de ello: la deforestación, la preparación de canales que amenazan con contaminar el agua de los ríos y quebradas aledañas. Además, el incremento de afecciones en la piel y el sistema respiratorio, que dicen padecer las personas afectadas, han aumentado junto con las hectáreas del monocultivo.
Frente al desamparo en el que se encuentran las comunidades perjudicadas, la presión de organizaciones de base repercute en decisiones tomadas desde las municipalidades, para cumplir con el mandato constitucional de atender los intereses y necesidades de las personas dentro de su territorio. A manera de respuesta han acogido la moratoria municipal y otras políticas contra la expansión piñera. Estas decisiones se discuten actualmente en los ayuntamientos de la Zona Norte y ya han sido aprovechadas por la Municipalidad de Guácimo y de Pococí, en la provincia de Limón.
Las empresas piñeras han solicitado el amparo de la Sala Constitucional, entendiendo estas acciones como amenazas al comercio. Se han presentado dos recursos, uno contra cada Municipalidad -Guácimo y Pococí-. Se alega, principalmente, la violación al contenido esencial de la libertad de empresa.
En mayo del 2012 se presentó por parte de la Canapep el recurso de amparo contra la moratoria de Guácimo, una figura preventiva, que responde a estudios científicos que revelan la vulnerabilidad de los mantos acuíferos en la parte sur del cantón. Se cumple más de un año del silencio de la Sala.
Sobre la política adoptada en la Municipalidad de Pococí, desde febrero del presente año se ha hecho público el \”Por Tanto\” de la Resolución número 2572-13. En ella, se declara con lugar el recurso, afirmando que el ayuntamiento tomó la decisión sin fundamentos y de una manera intempestiva, además, que carece de sustentos técnicos. Sin embargo, a la fecha no se ha publicado el voto completo, a pesar de que han transcurrido aproximadamente cinco meses; se alega que está en la etapa de recolección de firmas.
Esta situación implica incertidumbre jurídica en las municipalidades que consideran la adopción de medidas similares, frente al crecimiento sin control de los monocultivos. Sobre todo por el particular proceder de la Sala.
Consecuencias invisibilizadas. Se debe evidenciar que por el impulso a la expansión piñera y a la importancia -en términos económicos- que esta tiene para el país, el trato desde la Sala podría ser \”privilegiado\”. Sin embargo, es inadmisible la invisibilización de las consecuencias negativas que ello implica. No solamente se trata de proteger y preservar los recursos naturales que suelen ser arrasados para sustituirlos con hectáreas de un \”desierto verde\”. También se está poniendo en peligro la vida de las personas que habitan las comunidades afectadas, por el riesgo de la contaminación del agua. Además, se afecta de forma grosera el estilo de vida de las personas, obligándolas a desprenderse de sus tierras, dejar sus cultivos tradicionales, sus prácticas más sostenibles, para empezar a ser empleados de una piñera. En el Estado de la Nación para el 2012 se indica que crecen el conflicto ambiental y las acciones colectivas tendientes a denunciar las amenazas que el modelo de producción supone para las comunidades. No obstante, el Estado lejos de fortalecer una institucionalidad capaz de aplicar las regulaciones existentes y prevenir los daños, pasa a ser parte del conflicto por omisión o acciones y decisiones incoherentes. Por lo tanto, se exige que la Sala asuma con responsabilidad la decisión que tiene entre las manos, y favorezca los derechos humanos por encima de los beneficios económicos que, además, se concentran en pocas manos.
*Del programa Kioscos Socioambientales UCR.