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La seguridad alimentaria es uno de los derechos fundamentales con que la población debe contar y el Estado costarricense debe resguardar.
Uno de los sectores que trabajan arduamente para garantizar el bocado y sacan las uñas para abastecer a los consumidores es el de la pesca, el cual es vulnerable y muy mal pagado.
El sector pesquero vive de las migajas y las familias asociadas están en la pobreza extrema.
En algunas épocas del año existen vedas, es decir una restricción para trabajar.
Pero los criterios utilizados por las autoridades encargadas en la materia hacen que se genere confusión e incluso desacato de la decisión de dicha veda.
Claro, cuando el hambre aprieta no hay plan B y menos cuando el Estado tampoco procura subvención a los pescadores. Los aportes para algunos miembros del sector son escasos.
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que fuera más ordenado a la hora de establecer sus justificaciones en relación con las restricciones.
En otras palabras, cuando la institución toma sus decisiones debe basarse en criterios técnicos y científicos actualizados, económicos y sociales para referirse a las vedas principalmente en el Golfo de Nicoya.
Esta resolución de la Sala IV viene a cobijar los derechos de las comunidades más vulnerables de Costa Rica, en la que muchos dependen de las actividades de pesca.
La veda no es antojadiza, pero bajo el criterio de la Sala debe estar debidamente justificada, cosa que Incopesca venía declarando por inercia y costumbre.
Sabemos que las zonas costeras de Costa Rica son las más pobres y cada decisión adoptada tendrá repercusiones ya que podría generar un agravamiento de la problemática.
La Sala IV reconoció que si no se mantienen esos criterios actualizados como corresponde, existe una afectación no solo contra la seguridad alimentaria de la población de pesqueros, sino en la sociedad en general.
Ahora se acerca el periodo de la veda en el Golfo de Nicoya que arranca el 1 de junio y se extiende al 31 de agosto.
Aquí se ven perjudicados cientos de pescadores que dependen únicamente de esta actividad para subsistir.
En esta parte de la historia aparece el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien es el que ofrece los subsidios a aquellos trabajadores dedicados a la pesca, sin embargo a veces ese monto de ayuda estatal de tres meses no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
Es por esta situación que la entidad deberá abordar con mucho cuidado el ofrecimiento de la ayuda.
Es entendible que el subsidio no es un salario completo, pero si van a ofrecer el aporte debe revalorizarse.
Es necesario que se dé una fiscalización correcta también sobre si a la persona que se le brinda realmente la necesita o si se está aprovechando.
El fallo de la Sala Constitucional de alguna forma le da un jalón de orejas al Incopesca para que cada decisión que tome no la haga de forma antojadiza, sino que la justifique para el bienestar de la población costarricense.
Los ciudadanos merecemos atenciones oportunas y como tal debemos exigir a las instituciones que nos den las explicaciones más certeras para tener credibilidad.
También que nos faciliten las soluciones en procura de un mayor bienestar social.